Las auditorías de la Contraloría General de la República han vuelto a poner en el centro del debate la gestión de los gobiernos regionales. En el caso de Magallanes, los hallazgos recientes revelan una serie de irregularidades que han llevado a la apertura de un sumario administrativo.

Uno de los puntos más preocupantes es el uso de personal contratado para manejar redes sociales personales del gobernador, desviando recursos públicos hacia la promoción de su imagen más que a la difusión de actividades institucionales. Esta práctica no solo vulnera principios de probidad, sino que también plantea interrogantes sobre el uso de fondos públicos con fines ajenos a la administración regional. Además, se identificaron contrataciones bajo la modalidad de honorarios para funciones permanentes, lo que contradice la normativa vigente y genera incertidumbre sobre la estabilidad laboral de los trabajadores involucrados.

Otro aspecto alarmante es el desorden administrativo en el manejo de fondos. La falta de un manual de procedimientos actualizado ha generado un sistema frágil para autorizar gastos, con diferencias de más de 231 millones de pesos entre los registros contables y los saldos reales. Esta situación no sólo refleja una gestión deficiente, sino que también abre la puerta a posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos. La Contraloría ha señalado que el Gobierno Regional de Magallanes deberá implementar medidas correctivas para garantizar una administración más transparente y eficiente.

Además, se ha detectado el uso indebido de bienes institucionales, como vehículos oficiales y dependencias gubernamentales, para actividades que no corresponden a la función pública. Este tipo de prácticas han sido observadas en otros gobiernos regionales, lo que sugiere un problema estructural que requiere una revisión profunda de los mecanismos de control y supervisión.

Estos hechos no sólo ponen en entredicho la gestión del GORE Magallanes, sino que también evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La ciudadanía merece instituciones que operen con probidad y eficiencia, garantizando que los recursos sean utilizados para el desarrollo regional y no para intereses particulares.

La Contraloría ha dado un plazo de 60 días hábiles para implementar medidas correctivas, pero la pregunta sigue en el aire: ¿Serán suficientes para recuperar la confianza de la comunidad? La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de una democracia sólida, y es imperativo que las autoridades regionales asuman su responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.