Explicaciones es lo que parlamentarios buscan de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y del titular de Vivienda, Carlos Montes, sobre el trato al que llegó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) con la Fundación Salvador Allende, con el objeto de pagar la deuda que la entidad comenzó a acumular desde el 2004 por la compra del Palacio Heiremans en UF 27.493. Es decir, cerca de mil millones de pesos.

Tras años de deuda, y diferentes fórmulas ofrecidas por el Serviu para repactar, en 2017, ambas partes llegaron a una suerte de trueque que radicó en la entrega de 93 obras de arte de artistas brasileros de parte de la fundación al Servicio. Así todo, a ocho años del acuerdo, las obras aún no están en manos del Serviu. 

Esto ha llamado la atención en la Cámara, donde está por concluir la Comisión Especial Investigadora por la frustrada compra de la casa del exPresidente Salvador Allende. 

El titular de dicha instancia, el diputado Andrés Longton (RN), reprochó que “estas situaciones de privilegio que ha gozado la familia Allende en su trato con gobiernos de izquierda, pagando deudas con obras para que sean administradas por la misma fundación Allende es inaceptable”. 

“Es exactamente el mismo mecanismo usado con la fallida compra de la casa de el expresidente Allende, para no desprenderse de esta. Una operación muy desfavorable trato para el Estado y para los chilenos pero muy conveniente y excepcional para la fundación Allende”, apuntó. 

Con esas consideraciones, adelantó que “buscaremos que a través de las respectivas comisiones de Cultura y Vivienda se rinda cuenta de los traspasos de los recursos hechos a la fundación Allende y también den explicaciones de como es posible que se hayan saltado procedimientos de manera tan grosera como constató Contraloría”.