El abogado Robinson Quelín presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas contra el Gobierno Regional de Magallanes. Esta acción legal se basa en los antecedentes revelados por la Contraloría General de la República en un informe emitido el 3 de junio, donde se constatan múltiples irregularidades en el manejo de fondos públicos.

“Nuestra oficina interpuso este viernes una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en contra del Gobierno Regional de Magallanes, en consideración a los antecedentes emitidos con fecha 3 de junio la Contraloría General de la República. Se solicita que el tribunal declare admisible la querella, que ordene emitir los antecedentes al Ministerio Público y que disponga que los consejeros regionales y los funcionarios involucrados presten declaración ante la Fiscalía o la PDI, que es el organismo policial que se le solicita investigar”, explicó el abogado Quelín.

El informe de la Contraloría, que auditó los gastos y transferencias de varios gobiernos regionales entre enero y septiembre de 2024, expone en el caso de Magallanes desvíos de fondos, contrataciones cuestionables y fallas estructurales en los controles internos.

Entre los hallazgos más graves, se destaca el uso de personal contratado para gestionar las redes sociales personales del gobernador. Según la Contraloría, tres funcionarios habrían dedicado su jornada laboral a administrar la cuenta “JorgeFlies” en Instagram y Facebook, con un enfoque en promover la imagen personal del gobernador en lugar de difundir actividades institucionales. Peor aún, esta misma cuenta habría sido utilizada para su campaña de reelección, lo que constituye una violación a la prohibición de usar bienes públicos con fines políticos.

El informe también detalla que las plataformas digitales oficiales del Gobierno Regional incluían enlaces directos a las cuentas personales del gobernador, desnaturalizando su carácter institucional. Esta práctica fue calificada por los auditores como “ajena a las funciones propias del servicio”, recordando que los recursos públicos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de los fines institucionales.

En el ámbito administrativo, la Contraloría detectó que cinco profesionales fueron contratados bajo la modalidad de honorarios para realizar labores propias y permanentes de la institución, lo que contraviene el carácter excepcional que debe tener este tipo de contrataciones. Además, en varios casos faltaban los certificados de antecedentes requeridos por ley.