El Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió esta semana anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Centro de Engorda de Salmones de Australis, ubicado en la Península Barros Arana, en la Región de Magallanes.

El proyecto, que buscaba aumentar su producción de biomasa de 5.140 a 7.500 toneladas, fue objetado por comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas, que argumentaron deficiencias en la evaluación ambiental, particularmente en relación a la fauna marina, el paisaje, el turismo y el tránsito de embarcaciones.

Según los reclamantes, la operación podría haber generado impactos irreversibles en los ecosistemas marinos y en las comunidades kawésqar.

Judicialización persistente

Frente a este escenario, Australis expresó su preocupación por el impacto que este tipo de procesos judiciales tiene en el clima de inversión del país.

La empresa señaló que “la persistente judicialización de proyectos de inversión es una preocupación para el desarrollo sostenible y la certeza jurídica del país”.

A juicio de la compañía, este tipo de recursos interpuestos contra el Estado -en este caso el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)- “ponen en entredicho el sistema en su conjunto”.

La salmonera enfatizó que estas acciones no sólo retrasan la ejecución de inversiones privadas, sino que también “distraen recursos estatales y dificultan el establecimiento y maduración de criterios y lineamientos técnicos claros y predecibles”, elementos esenciales para cualquier proyecto de largo plazo.

En relación al caso puntual, Australis indicó que respeta los pronunciamientos de las autoridades administrativas y judiciales y que está analizando cuidadosamente el fallo: “Nos encontramos estudiando el fallo y analizando las acciones legales y administrativas que la institucionalidad dispone para evaluar los pasos a seguir”.

El revés judicial ocurre en un momento clave para la industria salmonera, que enfrenta crecientes desafíos regulatorios y demandas por mayor sostenibilidad, al tiempo que busca consolidar su rol como uno de los motores de desarrollo económico en el sur austral de Chile.

Para el sector productivo, el caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de contar con reglas claras, procesos predecibles y un marco que permita compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de inversiones que generan empleo y valor en regiones como Magallanes.