Un importante operativo conjunto entre la Brigada de Cibercrimen de la PDI de Santiago y la Fiscalía de Puerto Natales culminó con la detención de un sujeto mayor de edad, acusado del grave delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. El individuo fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales este miércoles para su formalización.

La investigación que llevó a esta detención se originó gracias a una crucial alerta internacional. La Fiscalía Metropolitana Oriente recibió información vital de cooperación internacional, directamente desde el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Estas agencias de inteligencia estadounidenses fueron clave al determinar que diversos materiales pornográficos infantiles estaban siendo distribuidos desde direcciones IP ubicadas en nuestro territorio nacional.

“Se determinó que una dirección IP, asociada a un domicilio específico de la comuna de Puerto Natales, estaba almacenando este material pornográfico infantil, lo que se logró establecer a través del número único de cada dispositivo y archivo que se compartía en estas plataformas”, explicó la fiscal Romina Moscoso, fiscal jefa de Puerto Natales. Fue la Fiscalía Metropolitana Oriente la que, tras recibir estos antecedentes, derivó la investigación a la Fiscalía de Puerto Natales para continuar con las diligencias pertinentes en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

Con la información precisa y una orden de entrada y registro autorizada por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, los detectives de la PDI allanaron el domicilio en Puerto Natales. Durante el operativo, se confirmó que el imputado mantenía en un disco duro 45 archivos de video de material pornográfico infantil explícito.

El sujeto fue formalizado por el delito de almacenamiento de material pornográfico infantil. En la audiencia, la Fiscalía solicitó medidas cautelares, incluyendo arraigo regional y la prohibición de comunicarse y visitar plataformas informáticas, con el fin de restringir su acceso y movimientos mientras dure la investigación. Se estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación.

A pesar de la gravedad del delito y la contundencia de la evidencia, el imputado recuperó su libertad tras la audiencia, quedando sujeto a las medidas cautelares dictadas por el tribunal. Este caso resalta la importancia de la colaboración internacional en la lucha contra crímenes que trascienden fronteras y la coordinación entre fiscalías para combatir la distribución de material de este tipo.