El Ministerio Público confirmó un nuevo flanco en el escándalo de las licencias médicas fraudulentas. Un informe elaborado por su División de Contraloría Interna reveló que 42 funcionarios con contrato vigente, incluyendo 10 fiscales y 32 empleados de otros estamentos, viajaron al extranjero entre 2022 y 2025 mientras se encontraban con licencias médicas activas.

El análisis, realizado mediante el cruce de datos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la División de Personas del Ministerio Público, identificó casos en 11 regiones, incluida la Región de Magallanes.

El hallazgo surge en un contexto de mayor escrutinio a nivel nacional, tras conocerse que más de 25 mil funcionarios públicos habrían salido del país bajo similares circunstancias.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó el compromiso de la institución con la probidad y ordenó que los casos se remitan a las Fiscalías Regionales para determinar responsabilidades.

“Cumpliendo con nuestro deber legal y constitucional y con las funciones que me corresponden como Fiscal Nacional, solicitamos a la División de Contraloría Interna que investigase si había situaciones de funcionarios del Ministerio Público que hubiesen viajado al extranjero durante la vigencia de una licencia médica”, señaló Valencia.

En tal sentido, el jefe del Ministerio Público fue enfático en que, tras detectar estos casos, “se remitieron a las fiscalías regionales para que se investigue una eventual responsabilidad disciplinaria y se ejerzan las sanciones más severas del caso si se establece que ha habido incumplimiento a nuestra legislación o a nuestra reglamentación interna”.

El escándalo no es menor

La propia Fiscalía reconoce que estos hallazgos “podrían contravenir los principios de probidad y cumplimiento de deberes funcionarios”.

En un contexto donde la ciudadanía exige mayor transparencia en el uso de recursos públicos, este tipo de conductas daña la confianza en instituciones claves del sistema de justicia.

Valencia fue claro al recalcar que el Ministerio Público debe dar el ejemplo: “No solo instamos por la aplicación de la ley penal, sino que también tenemos que respetar esa ley. Si la hacemos cumplir, tenemos que dar el ejemplo de cómo esa ley debe acatarse, incluso cuando se aplica a quienes trabajamos en la propia institución”, sostuvo.

Revisión regional

Cada Fiscalía Regional deberá ahora evaluar las medidas administrativas correspondientes, que podrían incluir solicitud de informes, sumarios u otras acciones.

La Fiscalía Nacional reafirmó en su comunicado oficial su compromiso con el control interno, la probidad institucional y el cumplimiento estricto de las obligaciones funcionarias.

Este hallazgo abre un nuevo capítulo en el debate sobre la ética y el control del aparato estatal, poniendo en el foco a un organismo que, por su rol en la persecución penal, está llamado a ser garante del respeto irrestricto a la ley.