La Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) manifestó su preocupación ante el aumento sostenido de casos de abigeato y por cierto, el caso de faenamiento clandestino detectado recientemente por Carabineros.

Si bien el gremio valoró la creciente labor investigativa de las policías y el Ministerio Público, advirtió que se requiere una respuesta más amplia y coordinada por parte de todos los servicios con competencia en esta materia.

“Estos hechos confirman lo que venimos denunciando hace años: el abigeato no solo existe en la región, sino que está instalado y genera pérdidas millonarias al sector ganadero”, señaló el presidente de Asogama, Gerardo Otzen.

“Por mucho tiempo, nuestras advertencias fueron desoídas e incluso puestas en duda. Hoy valoramos que las policías y la fiscalía estén dedicando mayores esfuerzos a fiscalizaciones en ruta y a diligencias para enfrentar este delito”.

Desde la asociación, apuntan a que la persecución penal del abigeato debe ir acompañada de una fiscalización más robusta por parte de otros servicios públicos. En ese sentido, hicieron un llamado a instituciones como la Seremi de Salud, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Servicio de Impuestos Internos (SII) a “asumir un rol más activo” en la detección y desarticulación de redes que operan al margen de la ley.

“Nos preocupa profundamente que estos hechos delictivos avancen sin control, no solo por el daño económico, sino porque ponen en riesgo la seguridad de quienes habitan y trabajan en el mundo rural”, advirtió el dirigente.

Según las estimaciones de Asogama, las pérdidas anuales por este delito superan las 75.000 cabezas de ganado ovino y 100 de bovino en la región, lo que representa un perjuicio económico que bordea los 3.750 millones de pesos. Esta cifra, señalan, podría ser aún mayor, considerando la alta cifra negra por falta de denuncias.

Por ello, el presidente de Asogama reiteró su llamado a los ganaderos a formalizar cada hecho delictual: “Si no hay denuncias, no hay delito registrado. Y sin registros, no hay respuesta del Estado”.

Finalmente, Otzen dijo que “proteger la ganadería y el mundo rural no es solo proteger una actividad económica: es defender empleos, identidad y el legado productivo de toda una región”.