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Gobernador Flies presenta querellas por calumnias

cronica
11/07/2025 a las 11:17
Periodista Web 3
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Autoridad regional judicializa acciones ante acusaciones de corrupción.

El gobernador regional Jorge Flies presentó ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dos querellas por calumnias e injurias en contra de parlamentarios, consejeros y un exconsejero regional.


La semana pasada estas autoridades habrían ingresado una denuncia en Contraloría en contra de Flies, debido a la adquisición de un inmueble propiedad de un magistrado, bajo la figura de trato directo y luego de lo cual el mismo magistrado habría comprado otro inmueble propiedad de una persona jurídica, en la cual un familiar directo del gobernador tendría participación. Ello, a juicio de los denunciantes, reuniría condiciones para al menos ser investigado por la posible comisión de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude al fisco.

Fueron estas acusaciones las que movilizaron al gobernador Flies a interponer el recurso legal.


Las querellas se dirigen contra ocho personas, entre ellas los actuales consejeros regionales Roxana Gallardo, Rodolfo Arecheta, José Luis Paredes, Max Salas, Robert Weissohn, Alejandro Avendaño, Nano Soto y el excore Alejandro Riquelme.

Flies acusa que los hechos denunciados no sólo carecen de sustento legal, sino que buscan dañar su honra y la de su entorno más cercano: “Hay cosas que no se pueden tolerar. Hay una diferencia entre fiscalización y calumnia. Esto ya traspasa los límites de la crítica política”, sentenció el gobernador.


La respuesta no se hizo esperar. El senador Alejandro Kusanovic aseguró que “el gobernador insiste en tratar de inhibir y amedrentar a quienes por ley y en el ejercicio de nuestras funciones tienen el deber de denunciar irregularidades en la administración de fondos públicos. Si de estas investigaciones existen hechos que son constitutivos de delito, deben ser puestos en conocimiento de la fiscalía para que se investiguen”.
En la misma línea, el consejero regional Rodolfo Arecheta calificó la acción legal como un intento de coartar su rol fiscalizador: “Yo lo veo como una maniobra intimidatoria para que no hagamos nuestro trabajo, que es fiscalizarlo”.

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