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PDI detectó a siete ciudadanos extranjeros con situación migratoria irregular

cronica
11/07/2025 a las 07:20
Periodista Web 3
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En Punta Arenas.

En un operativo que reafirma el compromiso de las autoridades chilenas con la seguridad y el control migratorio, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones (PDI) en Punta Arenas llevaron a cabo la expulsión administrativa de un hombre de nacionalidad colombiana, de 30 años. Este individuo había cumplido una condena por un grave delito de tráfico de drogas en la Región de Magallanes.


El subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, subrayó la importancia de esta acción, declarando: “Esta medida fue decretada por el Servicio Nacional de Migraciones, en virtud a que el extranjero fue condenado en febrero del 2021 por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser detectado por la PDI en el aeropuerto de la ciudad portando más de 4 kilos de cannabis sativa. Esta expulsión marca un precedente claro contra el crimen organizado y el narcotráfico, demostrando que en Chile, quienes cometan delitos, enfrentarán no sólo la justicia penal, sino también la expulsión de nuestro territorio una vez cumplidas sus condenas.”


La detención inicial, hace más de cuatro años, fue resultado de una exhaustiva labor de inteligencia y control aeroportuario por parte de la PDI, que permitió interceptar el cargamento de droga y desbaratar un posible eslabón en la cadena de distribución de estupefacientes en la zona austral del país.


Tras cumplir su pena en un centro penitenciario chileno, el ciudadano colombiano fue trasladado por personal de la PDI hasta el aeropuerto internacional de Bogotá, donde fue puesto a disposición de las autoridades de su país. Este procedimiento culmina un ciclo judicial y administrativo, enviando una señal contundente a aquellos que intenten vulnerar las leyes chilenas.


La PDI y el Servicio Nacional de Migraciones continúan trabajando coordinadamente para asegurar que los extranjeros que cometan delitos en Chile sean sometidos a la justicia y, cuando corresponda, expulsados del territorio nacional, contribuyendo así a la seguridad pública y el ordenamiento migratorio del país.

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