En un giro decisivo para la seguridad de la sociedad, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, enviando a la cárcel a Manuel Monsalve Subiabre, imputado por un violento robo ocurrido el pasado 28 de mayo. 

La decisión revierte la medida cautelar de menor intensidad que le había sido impuesta inicialmente por el Juzgado de Garantía, marcando un precedente importante en la lucha contra la delincuencia en la región.

Los hechos que culminaron con esta determinación judicial se remontan a la madrugada del 28 de mayo de 2025. 

Según lo expuesto por la fiscal Rina Blanco, la víctima Michael Cárcamo, se detuvo en la vía pública para ofrecer ayuda a un camión averiado. En un acto de cobardía y alevosía fue brutalmente agredido por la espalda por Monsalve Subiabre, quien lo golpeó en la cabeza con un bate. 

Tras caer al suelo, la vìctima continuó siendo atacada por al menos otros tres individuos. Tras la golpiza, los agresores huyeron con el vehículo de Cárcamo, móvil hallado posteriormente en el domicilio de la pareja del imputado. 

La Fiscalía había solicitado la prisión preventiva para Monsalve Subiabre desde un principio, argumentando que su libertad representaba un peligro inminente para la sociedad. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas no accedió a esta petición, optando por una medida cautelar de menor envergadura.

Esta decisión fue inmediatamente apelada verbalmente por la Fiscalía. Los antecedentes del caso fueron remitidos a la Corte de Apelaciones, que esta mañana, tras un exhaustivo debate, discrepó categóricamente con la percepción de los hechos por parte del tribunal. La Corte determinó acoger la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, considerando la gravedad del delito y el peligro que representa el imputado.

Manuel Monsalve Subiabre ingresa ahora a prisión preventiva, a la espera del desarrollo de su proceso judicial.

Según fuentes cercanas a la investigación, Monsalve Subiabre mantiene diversas causas pendientes con la justicia en distintas localidades del país, lo que refuerza la preocupación por su historial delictual y el riesgo que implica su libertad para la comunidad.