El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró admisible una querella por el delito de estafa y otras defraudaciones contra un imputado individualizado por las iniciales C.E.D.Z., presentada por la presunta víctima, quien lo acusa de haberlo engañado mediante un contrato de construcción fraudulento, con el propósito de apropiarse indebidamente de una importante suma de dinero.

Según consta en la acción judicial, el querellante y el imputado firmaron el 14 de abril un contrato para la ejecución de obras.

Apenas un día después, el denunciante realizó tres transferencias bancarias al imputado, por montos de $250.000, $650.000 y $6.150.000, totalizando cerca de siete millones de pesos. Estas transacciones estaban destinadas a financiar el cumplimiento del contrato, que nunca se ejecutó.

El querellante, representado por el abogado Robinson Quelín, sostiene que fue inducido a confiar en el imputado, quien intentó desvirtuar su historial de denuncias públicas en redes sociales (“funas”) y se presentó como una persona confiable.

Sin embargo, la querella sostiene que “nunca existió interés por parte del querellado en cumplir con lo ofrecido, existiendo desde un inicio dolo de estafar y engañar a mi parte”.

La denuncia va acompañada de capturas de pantalla y comprobantes de transferencias como pruebas del presunto engaño. La acción solicita al tribunal que el imputado sea condenado a la pena máxima que establece la legislación, más una multa de 15 UTM y las penas accesorias correspondientes.

Entre las diligencias solicitadas se incluye la investigación por parte de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la citación a declarar del imputado y la solicitud de información al Servicio de Impuestos Internos y a la Comisión para el Mercado Financiero sobre sus operaciones, patrimonio y posibles movimientos financieros vinculados.

Posibles víctimas adicionales

De manera extraoficial, se ha sabido que el imputado habría actuado de forma similar con otras personas, repitiendo un presunto modus operandi basado en contratos simulados y cobros anticipados sin prestación efectiva de servicios. Estos antecedentes estarían siendo indagados y se presume el avance de nuevas acciones legales por parte de otras presuntas víctimas, una vez que se ha hecho de público conocimiento la realización formal de esta querella.

El caso ha generado preocupación en la comunidad local, ante la posibilidad de que existan más víctimas que aún no han denunciado, lo que podría configurar un patrón de conducta delictiva más amplio. La investigación se encuentra en curso.