Preocupado por la alarmante proliferación de carreras clandestinas en las carreteras y caminos de la Región de Magallanes y en todo el país, el diputado Christian Matheson, en conjunto con su par Francisco Undurraga, ha presentado un proyecto de ley que busca endurecer significativamente las sanciones para quienes incurran en esta peligrosa conducta. La iniciativa surge tras la nula respuesta del Ejecutivo a los llamados previos del parlamentario magallánico para abordar este problema.

En mayo pasado, el diputado Matheson ya había instado a las autoridades a tomar medidas concretas ante el sostenido aumento de estas actividades ilegales en Punta Arenas, que ponen en grave riesgo la seguridad vial y la vida de las personas.

El legislador magallánico explicó la urgencia de esta medida, señalando que “la imprudencia del conductor y la conducción a velocidad imprudente continúan siendo las principales causas de siniestros con consecuencias fatales o lesivas, donde el 64% de los accidentes viales corresponden a la imprudencia del conductor”.

Matheson lamentó que, a pesar de la aprobación en 2022 de una ley que sanciona la organización y participación en carreras no autorizadas, “no existe una pena que sirva como efecto disuasivo a la realización de las carreras clandestinas”. A su vez, destacó que una de las principales falencias del tipo penal vigente radica en la dificultad de probar judicialmente la participación en una carrera o competencia no autorizada, al introducir un elemento subjetivo complejo.

El diputado también subrayó una dificultad práctica adicional: “Se ha identificado como una dificultad práctica la imposibilidad de vincular la infracción directamente con el conductor, lo que ha obstaculizado la eficacia de la persecución penal. En este contexto, se vuelve relevante incorporar mecanismos que permitan imputar responsabilidad de manera eficaz, especialmente cuando no se puede individualizar al autor de la conducta”.

Finalmente, el diputado Matheson enfatizó que “las carreras ilegales de vehículos motorizados han sido una problemática regional durante mucho tiempo, convirtiéndose en una conducta reiterada y persistente en el tiempo, con consecuencias particularmente graves, tanto en términos de seguridad vial como de afectación a la vida e integridad física de las personas”. Con esta iniciativa, el parlamentario busca “proteger la vida y la integridad física de las personas, que pueden verse puestas en peligro por conductas de conducción temeraria. La realización de maniobras arriesgadas, deslizamientos, aceleraciones imprudentes o conducción a alta velocidad sin autorización, o en lugares no aptos para ello, pone en grave riesgo la vida de terceros”.