El empleo público en Chile ha crecido sostenidamente en la última década. Así lo revela un reciente informe de la organización Pivotes, que indica que el gasto en personal del Estado -incluyendo el Gobierno Central y municipalidades- llegó al 7,1% del PIB en 2024, lo que equivale a unos 24 mil millones de dólares al año. La cifra representa un alza del 48% en términos reales desde 2014.

Según el análisis, el 20% del gasto total del Gobierno central está destinado a remuneraciones, honorarios, viáticos y otras asignaciones. Además, se estima que 1.208.000 personas trabajan actualmente en el sector público, de las cuales un 54,1% corresponde al Gobierno central y un 37,1% a municipalidades. Sin embargo, el informe advierte una grave falencia: Chile no cuenta con un registro oficial consolidado de sus funcionarios públicos, lo que limita la transparencia y eficiencia del sistema.

En este contexto, Manuel José Correa, exdelegado presidencial y economista, fue categórico: “Uno de los bolsillos sin fondo que se han ido creando a lo largo de los años en el Estado es el empleo público, que no ha dejado de crecer. De hecho, son más de 100 mil personas nuevas que ingresaron a la función pública de la mano del Gobierno del Presidente Boric, llegando a contabilizarse más de 1 millón de empleados públicos totales. A esto le podemos sumar que el Estado ofrece mejores salarios promedio que el sector privado, lo que es una locura si pensamos que es el sector privado el generador de la riqueza”.

Correa responsabiliza a distintas administraciones de haber incrementado el empleo sin acompañarlo de una mejora en la gestión. “Sólo en intereses por deuda, el Estado chileno desembolsa cada año cerca de 40 presupuestos anuales de la Región de Magallanes”, advirtió.

Además, sostiene que los costos de este sistema están comprometiendo la sostenibilidad fiscal del país. “No podemos seguir permitiendo que el Estado actúe como un refugio laboral de favores políticos. El empleo público debe estar sujeto al mérito, no a la conveniencia electoral”. A su juicio, la solución pasa por reestructurar el sistema con criterios de eficiencia, transparencia y vinculación real con las necesidades ciudadanas.

No hay claridad

Por otro lado, el académico Juan Luis Oyarzo plantea una mirada más estructural. Si bien reconoce el crecimiento del gasto, afirma que debe analizarse con perspectiva: “No tenemos claridad sobre la cantidad de trabajadores existentes y cuántos se requieren para cumplir con las nuevas funciones. De modo que no contamos con un registro consolidado y transparente del empleo público que nos permita tomar decisiones. La verdadera amenaza no es el tamaño del Estado, sino que precisamente no sabemos ese tamaño”.

Para Oyarzo, el aumento responde en gran parte a necesidades urgentes en educación y salud, como el traspaso de funciones a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la expansión del personal en hospitales públicos tras la pandemia. No obstante, plantea que la precariedad institucional en torno a los contratos a contrata ha creado un sistema “flexible para entrar, rígido para salir”, sin un sistema de evaluación o concursos formales eficientes.

Asimismo, advierte que la falta de un sistema centralizado de información sobre el empleo público afecta directamente la capacidad del Estado para planificar y rendir cuentas. “No basta con alarmarse por el aumento del gasto. Hay que preguntarse si ese gasto está generando valor público real. Si no sabemos cuántos somos ni dónde estamos difícilmente podremos mejorar la provisión de servicios esenciales como salud, educación o seguridad”, remarcó.

El informe también indica que el aumento del personal ha estado concentrado en profesionales, mientras que la dotación de directivos se ha mantenido estable y el crecimiento en técnicos y auxiliares ha sido más moderado. Por su parte, el número de funcionarios bajo régimen de planta ha permanecido casi constante, mientras que los “a contrata” se han disparado, aprovechando un sistema que no exige concursos y dificulta el despido.

Ambos expertos coinciden en que más allá del crecimiento del empleo público, el desafío está en modernizar su estructura, garantizar su eficiencia y asegurar que cada peso invertido se traduzca en un mejor servicio para la ciudadanía. Una reforma integral, con foco en la transparencia, el mérito y el valor público, aparece como una tarea urgente para el Estado.