Una investigación iniciada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI en Punta Arenas permitió esclarecer una serie de encuentros sexuales entre Josué Anthony Navarro Jiménez, de 27 años, y una niña de 12, a quien contactó a través de redes sociales como Grindr e Instagram.

El acusado no sólo sabía de la edad de la menor, sino que además habría promovido encuentros sexuales entre la niña y otros adultos, recibiendo a cambio dinero, alimentos y recargas de teléfono.

El caso generó alto impacto regional y derivó en su formalización en marzo de 2024 por violación impropia y explotación sexual comercial infantil.

Tras una audiencia de juicio oral realizada entre el 21 y 24 de julio de 2025, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, integrado por las juezas Nancy Alvarado González, Angélica Cortez Godoy y Palmira Muñoz Leiva, dictó sentencia condenatoria sólo por uno de los delitos.

La sentencia

Navarro Jiménez fue condenado como autor del delito de violación impropia contra una menor de 14 años, según el artículo 362 del Código Penal, por hechos ocurridos entre enero y marzo de 2023.

Se le impuso una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, sin beneficios alternativos. Deberá cumplir la condena de forma efectiva y se descontarán los días de prisión preventiva cumplidos desde el 29 de marzo de 2024.

Además de la pena principal, se le impusieron inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos, derechos políticos y cualquier actividad profesional o laboral que implique trato directo y habitual con menores de edad.

También se le prohibió ejercer la guarda de menores y será sometido a vigilancia por Carabineros durante 10 años tras el cumplimiento de la condena, con controles trimestrales.

Absuelto de otros delitos

En cuanto a los otros delitos por los que fue juzgado, el tribunal absolvió a Navarro Jiménez de los cargos de promoción o facilitación de explotación sexual infantil y de inducción al abandono del hogar.

La decisión de no condenar por hechos reiterados fue objeto de disidencia por parte de la jueza Nancy Alvarado González, quien consideró que sí existía reiteración en los actos.

A su vez, la magistrada Angélica Cortez Godoy votó en contra de la absolución por el delito de explotación sexual, estimando que los antecedentes sí configuraban ese ilícito.

Una vez ejecutoriada la sentencia, el imputado será inscrito en el registro nacional de condenados y se procederá a tomar su huella genética, conforme lo establece la ley para delitos sexuales.

Con esta sentencia se cierra una etapa judicial que deja al descubierto una red de vulnerabilidad, abuso y explotación, en la que la víctima -una niña proveniente del sistema de protección- fue revictimizada por un adulto que, con pleno conocimiento de su edad, cometió actos de altísima gravedad.