El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó para el próximo 26 de agosto, a las 08:30 horas, la audiencia de conciliación y/o procedimiento simplificado en la causa penal iniciada por el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies Añón, quien presentó una querella por injurias graves con publicidad en contra de ocho figuras públicas, entre ellas el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson, varios consejeros regionales y un excore.

El origen del conflicto judicial se remonta a la denuncia que los parlamentarios y cores presentaron ante la Contraloría General de la República, en la que acusaron posibles irregularidades y conflictos de interés en la adquisición por parte del Gobierno Regional de un inmueble destinado a una residencia para adolescentes, por un monto cercano a los 800 millones de pesos.

En la misma presentación, se apuntó a la existencia de un eventual conflicto de interés derivado de una posterior compra de un inmueble por parte del anterior propietario, quien habría adquirido una propiedad perteneciente a la esposa del gobernador.

Según la querella, las afirmaciones vertidas por los querellados a través de medios de comunicación y redes sociales configurarían un ataque directo a la honra, prestigio y reputación del gobernador, al insinuar actos de corrupción sin respaldo probatorio.

En el escrito se expone que dichas declaraciones fueron formuladas de manera dolosa y con la única intención de desacreditarlo públicamente, en un contexto de disputa política.

El tribunal ha autorizado la comparecencia vía Zoom, siempre que se cumplan las formalidades exigidas, y ha designado al defensor penal público Ramón Bórquez Díaz para representar a los querellados.

La audiencia será presencial en dependencias del juzgado, pero se permitirá conexión remota a quienes lo soliciten con antelación. La inasistencia injustificada podría derivar en conducción por la fuerza pública y la imposición de costas.

Con esta convocatoria judicial, se abre formalmente la etapa procesal en una causa que ha elevado la tensión política en la región y que podría tener consecuencias reputacionales y legales relevantes para los involucrados.