Gendarmería de Chile y el Servicio de Salud de Magallanes confirmaron que se encuentran coordinando acciones para asegurar la continuidad de las prestaciones de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI), en medio de inquietudes surgidas respecto de su eventual cierre.

En un comunicado oficial, Gendarmería informó que el objetivo central es que los servicios se mantengan sin interrupciones, resguardando tanto la seguridad pública como el normal funcionamiento del sistema penitenciario y, sobre todo, los derechos fundamentales de la población penal y de los funcionarios.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, reforzó este mensaje subrayando que “la UPFHI continúa funcionando, las prestaciones se siguen entregando y el convenio que actualmente existe entre el Servicio de Salud y Gendarmería continúa vigente”.

Explicó que dicho acuerdo es revisado cada año y que las condiciones cambiaron en 2025 por factores presupuestarios, de seguridad penitenciaria y de modalidades en la entrega de medicamentos.

Según detalló la autoridad, frente a este nuevo escenario se han sostenido reuniones entre Gendarmería y el Servicio de Salud para analizar alternativas, incluyendo la posibilidad de un cierre, pero siempre condicionado a la existencia de un plan que garantice la atención de la población penal y no afecte a la comunidad en general.

“Nuestra prioridad no es poner en riesgo ni a la población penal ni a la ciudadanía y mucho menos dejar de entregar prestaciones de salud”, sostuvo Peutat.

La seremi agregó que el análisis actual incluye también la preocupación por los recursos humanos necesarios para custodias en recintos hospitalarios externos, un aspecto que deberá resolverse dentro del eventual plan de cierre o continuidad. “La solución que se tome va a tener en consideración todos esos elementos, pero al día de hoy los únicos hechos son que la UFI sigue funcionando y que se están analizando distintos escenarios y modalidades”, enfatizó.

Mientras las instituciones avanzan en este trabajo conjunto, tanto el Ministerio de Justicia como el Servicio de Salud han buscado transmitir calma, asegurando que no habrá decisiones que comprometan la seguridad del sistema penitenciario ni la continuidad de las atenciones de salud que se entregan a las personas privadas de libertad en Magallanes.