Un hombre de 41 años, identificado como Eduardo Eugenio Rodríguez Matamala, fue detenido por la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI en Punta Arenas. La detención se realizó en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 25 de agosto en una obra en construcción, donde se sustrajeron herramientas avaluadas en más de 3 millones de pesos. Durante el allanamiento a su domicilio, los detectives no sólo recuperaron gran parte de las especies robadas, sino que también lo vincularon a otro importante ilícito: el robo de un televisor y un celular desde el Departamento Jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas en junio pasado.

El subprefecto Pablo Merino, jefe de la BIRO Punta Arenas, detalló cómo se logró la captura: “A través de la inteligencia policial, análisis de cámaras y evidencias dejadas en el sitio de suceso, se logró dar con el paradero de este delincuente, gestionando la entrada y registro de su domicilio. En el lugar fueron encontradas la mayoría de las especies sustraídas, además de las vestimentas utilizadas en el ilícito”, señaló.

Múltiples robos y prisión preventiva

Según la investigación, Rodríguez Matamala es un obrero de oficio que operaba escalando portones y fracturando candados para acceder a los recintos. El fiscal, Sebastián González, a cargo de la causa lo formalizó por dos delitos de robo en lugar no habitado, detallando los incidentes:

• 15 de junio: ingresó al Departamento Jurídico de la Municipalidad de Punta Arenas, sustrayendo un televisor LG y un celular Samsung, valorados en 700 mil pesos.

• 25 de agosto: ingresó a una obra en construcción en la calle Ignacio Carrera Pinto, robando diversas herramientas de contratistas, avaluadas en un millón 300 mil pesos.

El subprefecto Merino no descartó que el detenido esté involucrado en otros robos con un patrón similar. El imputado cuenta con un historial delictual por este tipo de delitos en otras regiones del país, como Puerto Montt y Coquimbo.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Rodríguez Matamala, argumentando que existían pruebas suficientes para acreditar su participación y que su historial delictivo lo hacía un peligro para la sociedad. A pesar de la oposición de la defensa, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas acogió la solicitud, enviando al imputado a la cárcel por un plazo de 45 días mientras dure la investigación.