La implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ha generado una creciente tensión en la Región de Magallanes, donde se enfrentan los objetivos de conservación ambiental con la continuidad de actividades productivas clave como la salmonicultura.

Según información dada a conocer por Salmonexpert, la situación es especialmente crítica en la Reserva Nacional Kawésqar, donde existen actualmente 67 concesiones de salmonicultura vigentes y más de 80 en trámite, todas aprobadas antes de la creación de dicha área protegida. Estas concesiones ocupan menos de 1.200 hectáreas de un total de 2,6 millones de hectáreas que abarca la reserva. Sin embargo, a más de tres años de su creación, el plan de manejo del área aún no ha sido aprobado, generando una falta de certezas regulatorias que amenaza la viabilidad del sector.

Desde la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, advierten que el borrador del plan de manejo disponible presenta objetos de conservación imprecisos y sin base científica, como “el fondo marino” o “el borde costero”. Además, plantean que se ha posicionado a la salmonicultura como una actividad incompatible con la conservación, sin ofrecer alternativas de compatibilización o coexistencia.

La ley exige que cualquier nueva concesión o modificación dentro de áreas protegidas cumpla con tres requisitos: compatibilidad con los objetivos de protección del área; existencia de un plan de manejo aprobado; un informe favorable del SBAP.

Según el gremio, estas exigencias, de consolidarse como criterio para renovar concesiones ya vigentes, representarían una amenaza directa para la continuidad del sector, generando un precedente normativo que podría replicarse en otras regiones del país.

“El vínculo entre este caso y la discusión nacional es directo: los reglamentos que la Ley SBAP proyecta dictar serán determinantes para definir si la institucionalidad ambiental reconoce o no la coexistencia con actividades productivas fiscalizadas como la acuicultura”, sostienen desde la asociación.

El gremio recalca que la revisión de los anteproyectos de reglamentos revela una preocupante “desviación respecto del principio de legalidad”, al incorporar procedimientos, cargas y atribuciones que no fueron consideradas por el legislador. “La ampliación de funciones de órganos técnicos, la imposición de cargas adicionales a privados y la creación de restricciones sin sustento legal claro configura un patrón de intervención normativa que excede las competencias regladas”, afirman. Esto -agregan- debilita la certeza jurídica y expone al sector salmonicultor a una creciente inestabilidad institucional.