El Servicio Electoral (Servel) estableció los límites de gasto para las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2025. En Magallanes, donde se elegirán diputados y Presidente (pero no senadores en esta ocasión), los montos autorizados revelan cifras millonarias que se financiarán en buena parte con aportes fiscales.

Montos Autorizados

Según la resolución, cada candidatura presidencial podrá gastar hasta $8.897 millones en la elección definitiva, mientras que en una eventual segunda vuelta el límite será de $5.931 millones.

En total, con ocho candidatos en competencia, el techo de gasto asciende a más de $71 mil millones en primera vuelta, a lo que podrían sumarse otros $47 mil millones en caso de balotaje.

En el ámbito parlamentario, el Distrito 28 (Magallanes) tiene autorizado un gasto de hasta $118 millones por candidatura a diputado. A nivel nacional, los 28 distritos suman montos que superan los $9.000 millones. Aunque no se elegirán senadores en Magallanes, las circunscripciones habilitadas en otras regiones muestran cifras que, en conjunto, superan los $3.000 millones.

¿De dónde sale la plata?

El documento recuerda que estos montos se financian principalmente a través de aportes fiscales y aportes privados regulados, conforme a la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

En la práctica, buena parte de los recursos provienen del erario nacional, lo que transforma cada campaña en una inversión compartida por todos los contribuyentes.

Además, los candidatos recibirán una devolución por cada voto válido emitido. Para 2025, el Servel fijó este reembolso en 0,04 UF por sufragio, lo que equivale aproximadamente a $1.500 por voto.

Así, un candidato presidencial que logre un millón de votos podría recibir en torno a $1.500 millones, mientras que los diputados también obtendrán reintegros proporcionales según la votación alcanzada, a razón de 0,01 UF por voto válido.

Se trata de cifras mucho menores a las que en ocasiones se difunden erróneamente, pero que de igual forma representan un gasto relevante para el fisco cuando se proyecta a escala nacional.

Una mirada crítica

El alto nivel de gasto autorizado, siendo que gran parte de dichos montos estará respaldado con la devolución estatal, genera debate, entendiendo la actual crisis económica que enfrenta el gobierno.

A nivel nacional, con ocho candidatos presidenciales en carrera y más de un centenar de parlamentarios compitiendo, el costo total de las elecciones de 2025, entre gasto autorizado y devoluciones, podría superar con facilidad los $100 mil millones. En Magallanes, el impacto también es significativo: aunque el número de electores es menor, los recursos asignados aseguran campañas intensas en un territorio donde la conectividad y la logística elevan los costos.

La discusión sobre el financiamiento público de la política vuelve a ponerse en el centro: si bien busca garantizar igualdad de condiciones y transparencia, plantea interrogantes sobre el real beneficio social de inyectar recursos de esta magnitud en un proceso electoral.