Una publicación del Diario Financiero encendió ayer las alertas al dar cuenta de una supuesta crisis financiera en el sistema de viviendas sociales chileno. Según el medio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantendría una deuda vencida superior a los US$ 1.000 millones con empresas del rubro inmobiliario, constructoras y proveedores, lo que, de confirmarse, pondría en jaque la viabilidad del Plan de Emergencia Habitacional y afectaría miles de proyectos en ejecución a lo largo del país.

La información apunta a pagos pendientes bajo los esquemas del Decreto Supremo 19 (DS19) y el DS49, que regulan la construcción de viviendas sociales con financiamiento estatal. También incluye terrenos ya adquiridos por el Estado, pero que aún no habrían sido pagados a sus propietarios.

De acuerdo con el reportaje, el propio ministerio habría comunicado a las empresas involucradas que, si bien existía ejecución presupuestaria aprobada, no contaba con disponibilidad de caja ni con un aporte fiscal suficiente para concretar los pagos autorizados. La solución -según fuentes del sector- dependería de la emisión de un decreto de modificación presupuestaria, cuya fecha de publicación aún no está definida.

Como fuente de lo anterior, el medio menciona que el propio Ministerio de Vivienda reconoció la falta de recursos mediante correos a empresas inmobiliarias.

La respuesta oficial

Frente al revuelo generado, el Minvu emitió este viernes una declaración pública en la que descarta tajantemente tener pagos pendientes por el monto indicado. En el documento, la cartera liderada por Carlos Montes subraya que dicha cifra sería “una estimación proveniente de una fuente de la industria”, y que existiría una confusión entre “proyección de gasto” y “deuda pendiente”.

“Esta cartera de Estado descarta tener pagos pendientes a empresas por la suma indicada en el citado medio de comunicación (...) podría existir una interpretación equívoca entre proyección de gasto y deuda pendiente”, señala el comunicado.

El ministerio también aclara que su gestión se ajusta al programa habitacional aprobado anualmente por el Congreso, y que cerca del 90% de los recursos presupuestados se destinan, históricamente, al pago de compromisos de años anteriores.

Además, reconoce que algunos Serviu regionales, especialmente en la Región Metropolitana, proyectan un gasto mayor a su presupuesto vigente, situación que ya fue informada a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y que actualmente está siendo abordada mediante medidas específicas, entre ellas una mesa técnica para resolver eventuales brechas de financiamiento.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es el reconocimiento de la presión que ha vivido el sector de la construcción tras la pandemia. Según el Minvu, la aceleración de la inversión pública en programas habitacionales ha generado un alto volumen de actividad, lo que, en conjunto con el alza en los costos de materiales y mano de obra, ha tensionado la cadena de pagos y ejecución.

También se enfatiza que tanto los anticipos del DS19 como los estados de pago del DS49 están condicionados a la disponibilidad real de recursos, y que la continuidad de los proyectos está garantizada mediante la coordinación con Dipres y las empresas involucradas.

Pese al tono aclaratorio del ministerio, la preocupación en el sector privado persiste. Una de las principales inquietudes radica en que no hay certeza sobre cuándo podría emitirse el decreto que destrabe los recursos adicionales necesarios para resolver los compromisos presupuestarios en curso. Desde el Minvu, no obstante, hacen hincapié en que el Estado mantiene su compromiso con la inversión pública y la reducción del déficit habitacional, y aseguran que el trabajo coordinado con el Ministerio de Hacienda y la Dipres está en marcha para garantizar la continuidad del programa.