La reciente polémica por la supuesta deuda de más de mil millones de dólares que arrastraría el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) con empresas constructoras y proveedoras ha encendido las alarmas en la región.

Aunque la cartera negó categóricamente mantener obligaciones pendientes por ese monto, la Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes (CChC) manifestó seria preocupación frente a los efectos que estos retrasos ya estarían teniendo en la zona austral.

“No es la primera vez”

El presidente regional del gremio, Cristóbal Bascuñán, aseguró que no se trata de un problema aislado. “Como gremio de la construcción en Magallanes estamos muy preocupados y atentos al desarrollo de esta situación. Esta no es la primera vez que ocurre y tenemos antecedentes de empresas socias que acusan actualmente demora en los pagos y en la entrega de recursos para la construcción de viviendas de interés público”, sostuvo.

La inquietud es mayor en Magallanes por las condiciones particulares que enfrenta la industria: altos costos de construcción, limitaciones de suelo disponible y una creciente demanda habitacional.

En ese marco, cualquier retraso en los flujos de pago se convierte en una amenaza para la continuidad de proyectos que impactan directamente en el empleo y la economía regional.

Desde el Minvu se explicó que los anticipos y estados de pago de programas como el DS19 y DS49 están condicionados a la disponibilidad real de recursos, descartando que exista un desfinanciamiento estructural.

Sin embargo, el propio ministerio reconoció que algunos Serviu proyectan gastos por sobre su presupuesto vigente, lo que obligará a ajustes mediante la Dirección de Presupuestos y nuevas mesas técnicas de coordinación.

Futura incertidumbre

Bascuñán, en tanto, apuntó al debate que se aproxima: “Más allá de estos casos puntuales, lo central es cómo enfrentar la política habitacional en el próximo presupuesto, en un escenario cada vez más complejo: con más familias demandando una vivienda, con costos de construcción que permanecen altos y con menor disponibilidad de suelo”.

El gremio llamó a que la Ley de Presupuestos 2026 contemple recursos suficientes y oportunos para no repetir episodios de retrasos, que -de persistir- podrían comprometer tanto el avance del Plan de Emergencia Habitacional como el inicio de nuevos proyectos clave para el desarrollo regional.