La salud mental y el colapso del sistema sanitario en Punta Arenas vuelven a ser el foco de la atención pública tras un complejo incidente que involucra a un paciente con orden judicial de internación provisoria. La situación ha destapado una presunta práctica en la Unidad de Psiquiatría del hospital local: la dimisión de pacientes por la falta de camas, incluso cuando existe un mandato de los tribunales.

El caso se centra en un joven que, hace unas semanas, cometió un hecho de violencia contra sus padres. En lugar de ser enviado a prisión preventiva, el Juzgado de Garantía decretó su internación en el centro psiquiátrico mientras durara la investigación. Sin embargo, el pasado 29 de septiembre, el joven fue detenido por Carabineros luego de que se emitiera una orden de arresto por supuesta fuga del recinto.

Desacato 

Al ser puesto a disposición de la justicia el 30 de septiembre, la audiencia de control de detención reveló una problemática más profunda que la simple evasión. Pese a la orden judicial de mantenerlo internado, el joven habría sido cambiado de servicio y se le habría manifestado que no había camas para su permanencia, por lo que se retiró del hospital.

El padre del joven confirmó esta versión: “Siempre dicen que no hay cama, así que él se retira y le dan el alta”, declaró ante el tribunal.

La situación alertó de inmediato a la Fiscalía, que hizo hincapié en que no se trata de un caso aislado. La fiscal Katherina Aranis señaló que “este es un programa de larga data con la unidad de psiquiatría del hospital, y entendemos que es un tema del Servicio de Salud. Acá hay un peligro para la seguridad de él mismo, y de la sociedad, porque él está con una medida cautelar que es la internación provisoria. Nosotros entendemos que se debe solicitar el reingreso y, en caso de que el hospital mantenga algún tipo de problema, deben oficiar ellos al tribunal”.

Tras conocer los antecedentes, el juez de Garantía, Pablo Aceituno, tomó la determinación de elevar la situación al Ministerio Público para que investigue el actuar del hospital. “Voy a oficiar al Ministerio Público para que investigue el delito de desacato, porque acá hay una orden judicial que no se está cumpliendo”, sentenció el magistrado.

Finalmente, el joven, por los hechos violentos cometidos, debió ser nuevamente trasladado e internado en el centro asistencial, en lugar de ser enviado a prisión preventiva. El juez autorizó que el traslado se realizara con personal de Gendarmería en caso de que la ambulancia no llegara, una situación que, según se ventiló en la audiencia, ha ocurrido en ocasiones anteriores al ordenar el ingreso de internos.

El joven deberá permanecer internado en el recinto hospitalario al menos hasta noviembre, fecha en la que se realizará la preparación de juicio oral por lo ocurrido en el domicilio de sus padres.