Una abrumadora mayoría de chilenos expresa una fuerte crítica a la forma en que el Estado gestiona sus recursos. Así lo revela la más reciente edición de la encuesta “Chile Nos Habla”, elaborada por el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS). El estudio, aplicado en el contexto del debate por la Ley de Presupuestos 2026, evidencia un profundo malestar ciudadano con el gasto público, acompañado por preocupaciones sobre el estado de la economía y el deterioro de las condiciones laborales en el país.

Según los datos, 8 de cada 10 personas (79,5%) consideran que el gasto del Estado es ineficiente, mientras que apenas un 15,7% sostiene lo contrario. Además, un 77% estima que este gasto no responde a las necesidades reales de la ciudadanía, en contraste con sólo un 18,8% que lo valora como adecuado. La burocracia es percibida como un importante obstáculo: un 83,9% está de acuerdo en que esta impide que los fondos lleguen con rapidez a las personas.

En la misma línea, un 74,4% cree necesario reducir el gasto público para generar ahorro y estabilidad, y un 65% apoya la idea de reasignar recursos hacia programas sociales. Por su parte, un 61% respalda el aumento de transferencias directas a los ciudadanos, lo que refleja un llamado claro a una mayor eficiencia y focalización del gasto estatal.

Prioridades ineludibles
La encuesta muestra con nitidez cuáles son las áreas prioritarias para la ciudadanía en la distribución de los recursos públicos: salud (81,1%) y seguridad (80,8%) lideran las preferencias, seguidas de educación (62,6%). En este último caso, se observa una caída de 12,5 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, lo que podría estar asociado a un cambio en las urgencias percibidas por la población.

Al desglosar las prioridades por sector, la salud concentra las expectativas en la resolución de listas de espera (49,7%), mientras que en seguridad, la principal preocupación es el combate al crimen organizado y al narcotráfico (60,8%). En educación, el foco se ha desplazado desde la educación superior -que predominaba en encuestas previas- hacia la enseñanza primaria (35,2%), reflejando una demanda ciudadana por fortalecer las bases del sistema educativo.

Empleo e inflación 
El estudio también ofrece una radiografía de la percepción económica. Un 63,1% de los encuestados considera que la situación económica del país es mala o muy mala, y sólo un 21,9% la evalúa positivamente. A nivel personal, el 42,1% declara estar en una situación económica desfavorable, frente a un 24,7% que la califica como buena o muy buena.

La inflación se posiciona como el factor más mencionado en la pérdida de bienestar económico: un 58,7% indica que el alza sostenida de precios ha afectado significativamente su calidad de vida, y un 30,5% reporta un impacto moderado. Sólo un 9,6% asegura no haber sido afectado.

El empleo también genera alta preocupación. Un 68,6% señala que las oportunidades laborales han empeorado en los últimos dos años, mientras que un 20% cree que se mantienen estables y sólo un 9,1% ve una mejora. En este contexto, la ciudadanía espera que el Presupuesto 2026 tenga como eje principal la reactivación de la economía a través del empleo y los salarios (47,1%), seguido por el enfrentamiento de la crisis de seguridad (35%).

Responsabilidad fiscal
Otro de los aspectos evaluados por la encuesta fue la percepción sobre las finanzas públicas. Un 63,9% considera que el país se encuentra en déficit fiscal, es decir, que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos del Estado. Sólo un 8,3% cree que hay equilibrio y un 4,7% habla de superávit, mientras que el 23,1% declara no saber.

Este diagnóstico negativo no impide, sin embargo, que exista un consenso amplio sobre la importancia de mantener la salud fiscal. Según el decano de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la USS, Alejandro Weber, los resultados reflejan que “hay plena conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la salud de las cuentas fiscales. Cuando un 93,3% de los encuestados asocia la estabilidad fiscal con inversión y empleo, y un 90,2% la vincula con la posibilidad de cumplir obligaciones de largo plazo, como las pensiones, lo que vemos es una visión compartida respecto de la necesidad de un manejo responsable de los recursos de los contribuyentes”.
Respecto de las formas de financiar nuevas prestaciones estatales, la preferencia es clara: el 56,3% opta por incentivar el crecimiento económico, la inversión y el empleo; un 34,6% plantea reasignar gastos mal ejecutados; sólo un 7,4% considera subir impuestos y apenas un 0,3% sugiere aumentar el endeudamiento.