El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó sentencia en contra de José Enrique Barría Guerrero, quien fue condenado a tres años de presidio efectivo, sin posibilidad de beneficios. La sentencia se emitió tras un juicio en el que la Fiscalía imputaba inicialmente un delito de homicidio frustrado, pero los jueces, al evaluar las pruebas, recalificaron el ilícito a lesiones graves.

La pena deberá cumplirse en la cárcel, ya que los antecedentes del sujeto “impiden que la sentencia se cumpla en libertad”.

El ataque tras la visita de Carabineros
Los hechos por los cuales Barría Guerrero fue condenado ocurrieron el 19 de enero del año 2025. La víctima, Daniel Águila Otey, se encontraba en su domicilio en pasaje Lota de Punta Arenas, lugar donde el imputado residía en calidad de allegado.

Esa mañana, la víctima requirió la presencia de Carabineros debido al estado de ebriedad y al comportamiento hostil de Barría Guerrero. El personal policial instó al imputado a retirarse del domicilio, apelando a una convivencia pacífica dado que los hechos no eran constitutivos de delito en ese momento.

Sin embargo, tras el retiro de Carabineros, el condenado regresó al inmueble y reaccionó de manera agresiva contra Águila Otey por haber llamado a la policía. Según los antecedentes, sin mediar provocación, Barría Guerrero atacó a la víctima mientras estaba sentada en un sillón, propinándole una estocada.

La víctima intentó defenderse, pero el imputado le asestó una segunda estocada con un arma blanca a la altura del tórax.

Águila Otey, pese a la grave lesión, logró tomar un cuchillo para defenderse, momento en que el agresor se alejó del inmueble. La víctima se trasladó por sus propios medios hasta la casa de un familiar, donde recibió atención médica oportuna antes de ser llevado al Hospital Clínico de Punta Arenas.

A consecuencia de la agresión, sufrió una herida penetrante torácica de carácter grave, una lesión catalogada como vital de no haber mediado la rápida atención médica.

Sentencia
La Fiscalía ahora deberá estudiar si procede de nulidad ante la Corte de Apelaciones, y así buscar la realización del juicio, considerando que inicialmente pedían una pena de 10 años de cárcel.