En una acción que busca resguardar la transparencia y la participación ciudadana en la creación de normativa ambiental, los principales gremios salmoneros del país —la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, el Consejo del Salmón y SalmonChile— presentaron una solicitud formal ante la Contraloría General de la República.

Las organizaciones pidieron que el órgano fiscalizador se pronuncie respecto del actuar del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) en las consultas ciudadanas sobre los reglamentos de implementación de la Ley N°21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Críticas al proceso del MMA

La presentación cuestiona la aplicación del artículo 29 de la Norma de Participación Ciudadana, que permite al ministerio postergar la publicación de respuestas a las observaciones ciudadanas hasta antes de la entrada en vigencia de los reglamentos. Según los gremios, esta práctica vulnera los principios de probidad y transparencia establecidos en la Ley N°18.575 y contraviene los compromisos internacionales del Acuerdo de Escazú.

Durante el último año, el MMA ha sometido a consulta pública once anteproyectos de reglamento, varios ya aprobados sin que los participantes hayan recibido respuesta a sus observaciones. Los gremios sostienen que esto debilita la confianza en los procesos de consulta y desincentiva la participación ciudadana.

“No se trata de oponerse, sino de asegurar transparencia”

“El avance de los reglamentos del SBAP ha sido rápido y eso es positivo”, señaló Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. “Sin embargo, lamentamos que la participación de nuestro gremio y de muchos otros actores no haya tenido una respuesta oportuna ni fundada. Cuando los aportes técnicos no se responden, se pierde trazabilidad en la toma de decisiones”, afirmó.

Solicitudes ante la Contraloría

Los gremios solicitaron que la Contraloría instruya al Ministerio del Medio Ambiente a publicar de forma íntegra y fundada todas las respuestas a las observaciones ciudadanas antes de enviar los reglamentos al Consejo de Ministros o al propio órgano contralor.

Además, pidieron revisar las respuestas publicadas en el Reglamento del Registro Público de Sanciones, ya que, según afirman, se limitaron a fórmulas genéricas como “su comentario es atendible y lo estudiaremos”, lo que —a su juicio— vacía de contenido la participación ciudadana y contradice los estándares de transparencia exigidos por ley.