Un revés para la Fiscalía. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó este viernes 24 de octubre la resolución que mantiene sin prisión preventiva a los siete imputados en la investigación por una presunta red de revisiones técnicas fraudulentas.

El tribunal de alzada respaldó la decisión inicial del Juzgado de Garantía, al considerar que las medidas cautelares actuales, que no incluyen la privación de libertad, son suficientes para resguardar los objetivos del proceso penal.

La Apelación de la Fiscalía

La fiscal adjunta Johanna Irribarra Alarcón había presentado un recurso de apelación el pasado 21 de octubre, buscando anular la primera resolución judicial. El Ministerio Público argumentaba que la prisión preventiva era indispensable para asegurar la comparecencia de los acusados y proteger la investigación en curso.

La solicitud original de la Fiscalía pedía prisión preventiva para siete de los involucrados y arresto domiciliario total para un octavo implicado.

Decisión Firme del Tribunal de Alzada

La Primera Sala de la Corte, integrada por los ministros Caroline Turner, Juan Santiago Villa y la ministra (s) Berta Roxana Salgado, fue categórica. En su fallo, sostuvo que "la necesidad de cautela y los fines del procedimiento se satisfacen adecuadamente con la medida cautelar de la intensidad impuesta".

Con esta decisión, el recurso de la Fiscalía fue desestimado en su totalidad. Mientras tanto, la investigación sobre esta presunta red de fraude en certificaciones vehiculares continúa, a la espera de las próximas diligencias que determine el Ministerio Público.

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