El Gobierno del Presidente Gabriel Boric vive una de sus semanas más complejas en materia ambiental. La propuesta del Ministerio del Medio Ambiente para reconocer 99 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, en el marco de la nueva Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), ha provocado un amplio conflicto con sectores empresariales, pesqueros, mineros e inmobiliarios, que acusan al Ejecutivo de avanzar “sin diálogo ni sustento técnico” y de poner en riesgo actividades productivas claves en distintas regiones del país.

Las críticas apuntan a que estos sitios -que el Gobierno busca incorporar al nuevo marco de protección ecológica- podrían generar restricciones de uso de suelo o demoras en permisos para proyectos en curso. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) advirtieron incluso sobre una posible “expropiación regulatoria”, afirmando que se está actuando “de manera apresurada y sin claridad jurídica”.

Impacto en regiones como Magallanes

Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, acusó al Gobierno de “intentar dejar todo amarrado” antes del término de su mandato.

“Con este listado, la administración Boric busca acelerar todo y dejar absolutamente amarrado el desarrollo productivo, de tal manera que no se puedan seguir desarrollando las industrias del salmón, de la pesca o de la minería”, afirmó.

Y agregó que las consecuencias ya se sienten en el extremo sur: “En Magallanes, en Aysén, en Los Lagos, cuando los trabajadores se juntan con los pescadores, y además piden ayuda a las empresas, uno se da cuenta de que está pasando algo muy grave”, señaló, advirtiendo un clima de creciente desconfianza entre comunidades y el Gobierno.

Mientras el debate nacional se intensifica, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena el proceso continúa con participación ciudadana. El Seremi del Medio Ambiente, Yoal Díaz, anunció la ampliación del plazo hasta el 5 de noviembre para participar en la consulta pública sobre los sitios prioritarios de la Macrozona Sur, entre ellos el sitio Estepa Jeinimeini, identificado desde 2003.

El proceso busca recoger observaciones locales y transparentar la información sobre el traspaso de estos sitios a la nueva institucionalidad ambiental, asegurando que no se trata de crear parques ni de prohibir actividades productivas tradicionales.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, salió a desmentir que los sitios prioritarios impliquen paralización o afectación de industrias: “Quiero que todo el mundo se sienta tranquilo de que los antecedentes que recibimos en la consulta pública serán considerados para dar certeza al listado final”, señaló, confirmando además la extensión del proceso hasta fines de noviembre.

“No hay ninguna actividad que no se pueda realizar dentro de los sitios prioritarios, a menos que sea ilegal. Las actividades productivas que hoy se desarrollan en estos territorios no se verán afectadas”, subrayó.

Malestar nacional

La controversia por los sitios prioritarios se ha convertido en un nuevo punto de fricción entre el Gobierno y los sectores productivos, tensionando también el clima político en plena antesala del año electoral. Mientras el Ejecutivo insiste en que la medida fortalece la conservación y ordena la acción pública, sus críticos advierten que puede frenar inversiones y agravar la incertidumbre regulatoria.

El miércoles, mientras los gremios nacionales se reunieron de manera inédita para rechzar las medidas y acusar decisiones a espaldas del sector productivo, en Magallanes las asociaciones de Ganaderos de Magallanes y de Tierra del Fuego emitieron una declaración conjunta manifestando su “desconcierto y decepción” ante la modificación y ampliación del área terrestre designada como Sitio Prioritario Bahía Lomas (SP BL). Esta propuesta, incluida en la consulta ciudadana del Ministerio del Medio Ambiente bajo la Ley SBAP, ha sido calificada como un proceso “tremendamente irregular” que carece de participación local y suficiente respaldo técnico, científico y jurídico.

A Bahía Lomas, en la Región de Magallanes se suman como parte del listado de 99 sitios prioritarios el Canal Fitz Roy y el Humedal Tres Puentes.