Una mujer de nacionalidad argentina quedó en situación de vulnerabilidad tras ser formalizada por el delito de amenazas no condicionales en contexto de violencia intrafamiliar, luego de una audiencia de control de detención realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El tribunal decretó como medidas cautelares el abandono inmediato del hogar común y la prohibición de acercamiento a su conviviente, medidas que, según la defensa, dejaron a la imputada sin residencia ni sustento, al no contar con red de apoyo en la ciudad.

De acuerdo con la acusación, la mujer habría amenazado a su pareja con “matarlo y quemar sus cabañas”. Sin embargo, su defensa argumentó que se trató de un episodio de confusión y descompensación emocional.

El juzgado rechazó declarar ilegal la detención, pero evitó imponer arraigo nacional, permitiéndole retornar a Argentina en caso de necesitarlo. Además, se estableció la obligación de firmar una vez al mes en Carabineros.

El caso expuso la tensión existente entre la protección a las víctimas de violencia intrafamiliar y la situación de vulnerabilidad que enfrentan imputadas migrantes sin redes de contención ni recursos en el país.