La Comisión de Hacienda del Senado despachó a la Sala el proyecto de ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, tras aprobar de manera unánime las normas de su competencia.

La iniciativa busca potenciar el rol de los gobiernos locales en el control y prevención del delito, otorgándoles nuevas facultades, acceso a recursos y una mejor coordinación con policías y ministerios, mediante la modificación de la Ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.

El texto aprobado permitirá a los municipios:

• Celebrar convenios con asociaciones municipales para la transferencia de recursos y la contratación de personal especializado.

• Contratar seguros de vida para los inspectores de seguridad municipal.

• Crear una plataforma de coordinación operativa con Carabineros, PDI y el Ministerio de Seguridad Pública para el intercambio de información en tiempo real.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que los fondos se distribuirán con criterios de equidad territorial y vulnerabilidad socio-delictual. “El programa definirá un diagnóstico del estado de las comunidades y asignará recursos de manera equilibrada, considerando población, extensión territorial y nivel de riesgo delictual”, señaló.

Nuevas Herramientas y Uso de Elementos Disuasivos

La propuesta establece que los inspectores municipales podrán utilizar elementos de protección personal como cascos, chalecos antibalas o anticorte, lentes de seguridad, esposas, y bastones retráctiles.

Además, se contempla el uso de elementos disuasivos de origen natural, como gases lacrimógenos o descargas eléctricas controladas. El uso de estos últimos estará sujeto a un reglamento estricto que fijará las condiciones de uso, formación y capacitación continua de los funcionarios.

En regiones como Magallanes, donde el municipio de Punta Arenas ha estado fortaleciendo su Departamento de Seguridad Pública, la futura ley podría significar un mayor respaldo institucional y financiero, permitiendo "profesionalizar aún más la labor de los inspectores de seguridad", según fuentes municipales.

El proyecto reconoce la seguridad pública y la prevención del delito como funciones prioritarias de las municipalidades, y establece su carácter coadyuvante con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.