La Fundación Chay Austral, administradora de la Residencia Comunitaria de Personas Mayores “Vida Austral” de Punta Arenas, ingresó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. La acción denuncia una omisión ilegal y arbitraria por parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y del organismo encargado de la asignación de fondos regionales, debido al prolongado retraso en la entrega de recursos esenciales para su funcionamiento.

Según el escrito, han pasado más de $60$ días sin que se materialicen los aportes estatales comprometidos, lo que mantiene al establecimiento en una situación límite que afecta directamente a los $12$ residentes, todos adultos mayores en situación de dependencia moderada.

La Fundación advirtió que esta omisión pone en riesgo la vida, integridad física y salud de los residentes, ya que la falta de recursos ha generado dificultades para asegurar alimentos, medicamentos, insumos de salud y productos básicos para la higiene del establecimiento.

Funcionarios han costeado alimentos y medicamentos

El documento detalla que los propios funcionarios de la residencia han debido costear con dinero de sus bolsillos alimentos, insumos de limpieza e incluso artículos médicos necesarios para la atención diaria, debido a los retrasos tanto del Gobierno Regional como de Senama.

Gabriela Sandoval, directora de la fundación Vida Austral, señaló haber “agotado todos los medios posibles” para mantener operativo el recinto y evitar que las personas mayores sufran consecuencias aún más graves. “No podemos abandonar a quienes dependen completamente de nosotros”, expresaron.

La Fundación acusa que el retraso del Subsidio Eleam —producto de rendiciones pendientes del Fide XII— termina castigando injustamente a personas mayores que no tienen relación con esas irregularidades administrativas, vulnerando derechos constitucionales como la protección a la vida, la salud y la seguridad social.

El recurso solicita a la Corte que ordene la entrega inmediata de los fondos adeudados, junto con medidas que aseguren la continuidad financiera de la residencia.