Diputados solicitaron acciones inmediatas a diversos organismos públicos luego de conocerse los resultados de una investigación de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), que detectó serias irregularidades en malls chinos de diferentes regiones del país. Estas incluyen funcionamiento sin permisos, venta de productos falsificados y ausencia de medidas básicas de seguridad para los consumidores.

El estudio de la CNC incluyó $62$ locales visitados por compradores encubiertos. Uno de los casos más graves fue la clausura del mall chino Super Lida en Ñuñoa (Santiago), que operaba sin patente municipal vigente, vulnerando exigencias básicas para el comercio formal.

Según la CNC, estas prácticas generan una competencia desleal hacia los comerciantes que cumplen la normativa y exponen a los consumidores a productos de origen o composición incierta, sin certificaciones y, en algunos casos, sin rotulación adecuada.

Oficios a Organismos Fiscalizadores

A la luz de estos antecedentes, los parlamentarios enviaron oficios solicitando acciones a diversas instituciones:

• Servicio de Impuestos Internos (SII): Solicitaron reforzar las investigaciones por eventuales casos de evasión tributaria.

• Ministerio de Economía: Pidieron indagar posibles infracciones a la propiedad industrial ante la presencia de productos falsificados.

• Ministerio de Salud (Minsal): Requirieron reforzar las fiscalizaciones a nivel regional y nacional, tras identificar artículos sin rotulación obligatoria que podrían representar riesgos sanitarios.

• Sernac: Para que evalúe posibles vulneraciones a los derechos de los consumidores, especialmente relacionadas con la calidad, seguridad y autenticidad de los productos ofrecidos.

Llamado a Reforzar el Control Estatal

Desde el Congreso se enfatizó que lo detectado por la CNC da cuenta de un fenómeno que requiere una respuesta rápida y coordinada del Estado, especialmente en un contexto donde el comercio informal o de dudosa trazabilidad sigue expandiéndose.

Los parlamentarios señalaron que la falta de permisos, la posible evasión tributaria, la falsificación de productos y el incumplimiento de normas sanitarias constituyen una amenaza tanto para los consumidores como para los comercios establecidos. Por ello, insistieron en que las instituciones competentes deben reforzar la fiscalización, transparentar los resultados y aplicar sanciones.