Según cifras oficiales la economía de Magallanes aparece con uno de sus mejores registros en años: un crecimiento estimado del PIB del 18,03%. Sin embargo, este salto no responde a un nuevo ciclo de expansión real, sino principalmente a la recuperación tras la fuerte caída económica que dejó la pandemia y el estallido social, eventos que golpearon con especial fuerza al turismo y al comercio local.

A eso se suma que la inversión privada informada tampoco refleja un despegue concreto. Aunque los proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental superan los MMUS$ 30.000, la mayoría sigue en revisión y no se ha materializado. En términos reales, la inversión aprobada es ampliamente menor.

El impulso actual proviene sobre todo de la construcción, empujada por un aumento excepcional de la obra pública del MOP y el MINVU. Es un crecimiento que depende casi exclusivamente del gasto estatal, sin nuevos motores productivos consolidados.

Mientras tanto, los hogares muestran una realidad opuesta a la idea de “bonanza”. El saldo promedio en cuentas corrientes cayó un 40% desde 2022 y, al ajustar por inflación, el poder adquisitivo se ubica bajo los niveles de 2017. Para el economista Manuel José Correa, los datos son claros: las familias tienen menos liquidez, más presión en su presupuesto y siguen enfrentando desempleo e informalidad.

Según Correa, las cifras macro están infladas por factores puntuales —rebote, obras públicas y precios internacionales— y no representan una mejoría en la calidad de vida. “A todas luces, los magallánicos tienen menos lucas”, afirma, cuestionando la narrativa de crecimiento que instala el gobierno.