Bajo la premisa de que los derechos fundamentales no se pierden al cruzar una frontera, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) ha consolidado durante la última década una estrategia de atención preferente dirigida a la población migrante. El objetivo es garantizar el acceso al denominado “derecho llave”: la representación jurídica profesional y gratuita, independiente de la situación migratoria de la persona.

El aumento sostenido de la migración en la región ha impulsado a la CAJ a especializar sus líneas de acción. Así lo explicó el director regional de la Corporación, Alejandro Donatti, quien recalcó que el trabajo institucional se funda en el principio del debido proceso.

“Los derechos se mantienen, no se pierden, y la importancia de la CAJ es que somos el organismo llave para que puedan ejercer esos derechos ante el tribunal”, señaló la autoridad.

Defensa ante expulsiones y procesos de regularización

La labor de la Corporación se desarrolla en coordinación permanente con el Servicio Nacional de Migraciones, abordando dos ámbitos críticos: la orientación y asesoría en procesos de regularización, y la defensa judicial frente a decretos de expulsión contemplados en la Ley N° 21.325.

Este trabajo permite que las personas afectadas por medidas administrativas cuenten con una defensa técnica adecuada, asegurando que el Estado de Derecho se cumpla y que las decisiones puedan ser revisadas por los tribunales de justicia.

Romper el miedo a denunciar

Uno de los principales obstáculos que enfrenta la población migrante es el temor a denunciar delitos por miedo a una eventual deportación, especialmente cuando se encuentran en situación migratoria irregular. Frente a ello, tanto el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos (CAVI) como la Oficina de Defensa Laboral (ODL) han sido enfáticos en aclarar que cualquier delito es denunciable y debe ser investigado por el Ministerio Público.

En esa línea, la coordinadora de Gestión Regional de la CAJ, Yarela Gallardo, advirtió que la desinformación expone a las personas a mayores vulneraciones.

“La CAJ ha avanzado en procedimientos que permiten asignar representación judicial a personas en situación no regularizada, con el fin de restablecer sus derechos y perseguir la responsabilidad de quienes los vulneran”, explicó, recordando que durante el año pasado se obtuvieron resultados positivos en causas donde se logró restablecer el imperio de la ley para ciudadanos extranjeros.

Enfoque prioritario en la infancia migrante

Desde la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat destacó que uno de los ejes centrales del trabajo institucional es la protección de niños, niñas y adolescentes migrantes.

“Al margen de su situación regular o irregular, o de cómo hayan llegado al país, las infancias son un grupo prioritario”, señaló la autoridad, subrayando que la CAJ resguarda especialmente sus derechos para evitar vulneraciones derivadas de contextos de precariedad familiar.

¿Dónde acudir?

Las personas que requieran orientación o patrocinio judicial pueden acudir a las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial en la región. Allí se evaluará cada caso y, si corresponde, se brindará asistencia jurídica profesional y gratuita a quienes no cuenten con los recursos para costearla.