La Tercera Sala de la Corte Suprema puso fin a una controversia jurídica que impacta directamente en el estándar de conducta exigido a los trabajadores del Estado. El tribunal confirmó la legalidad de la destitución de un auxiliar de la Municipalidad de Punta Arenas, quien realizó un viaje de seis días a Río Gallegos, Argentina, mientras se encontraba bajo licencia médica y sin autorización de su médico tratante.
El fallo revierte la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas —que había ordenado el reintegro del trabajador— y ratifica que el uso de una licencia médica para fines recreativos constituye una falta gravísima que justifica la máxima sanción administrativa.
La sentencia (Rol 52.153-2025) fue categórica al desestimar el recurso de protección presentado por el funcionario, estableciendo tres puntos clave:
Vulneración de la Probidad: La Corte determinó que utilizar el tiempo de reposo (financiado con recursos públicos) para realizar viajes al extranjero ajenos al restablecimiento de la salud es una conducta que afecta la confianza pública y los artículos 52 de la Ley .
Incompetencia del Recurso de Protección: Se aclaró que esta vía judicial no es la idónea para revisar la "proporcionalidad" de las sanciones aplicadas en un sumario, siempre que este se haya ajustado a derecho.
Perjuicio al Interés General: El tribunal subrayó que este tipo de acciones genera un descrédito institucional y puede significar un menoscabo al patrimonio municipal.
El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, valoró el dictamen como un respaldo a la rigurosidad con la que se llevaron a cabo los sumarios administrativos instruidos tras denuncias de la Contraloría Regional.
“Tenemos la tranquilidad de que estos procedimientos se realizaron con responsabilidad y pleno apego a derecho. Hoy, la Corte Suprema entrega certeza jurídica sobre nuestra actuación”, afirmó el jefe comunal.
Este caso se suma a otros similares en la región, como la reciente ratificación de la destitución de una TENS por conductas idénticas, consolidando una política de "tolerancia cero" frente al uso indebido de beneficios de salud.