La controversia por la Ley de Reajuste del Sector Público ha pasado de ser una disputa administrativa a una señal de alarma sobre la sostenibilidad fiscal de Chile. Según expertos y parlamentarios de la región, la norma que limita la no renovación de contratas genera una rigidez que compromete el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Para los analistas, el Estado chileno ha creado una estructura de personal inamovible que deja al próximo Ejecutivo con un margen de maniobra financiero y político extremadamente limitado.
El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, fue tajante al calificar la medida como un quiebre en la tradición democrática de los traspasos de mando.
"Estas 'ataduras' contradicen los principios de una transición ordenada. Un nuevo Gobierno debe tener la facultad de conformar equipos de confianza para cumplir el programa que la ciudadanía votó", sentenció el parlamentario.
Según Kusanovic, el "blindaje" impide la renovación administrativa necesaria para mejorar la eficiencia del Estado, transformando cargos transitorios en permanentes por secretaría.
El análisis de los economistas regionales pone cifras a la preocupación, comparando el gasto estatal con la realidad local de Magallanes: