El proyecto de normalización del Cesfam 18 de Septiembre, una de las obras de salud más esperadas por la comunidad de Punta Arenas, se encuentra hoy bajo la lupa judicial y política. Lo que debía ser un hito de gestión se ha transformado en un dolor de cabeza para el Servicio de Salud Magallanes (SSM) tras un lapidario informe de la Contraloría General de la República.

El organismo fiscalizador acreditó la existencia de perjuicio fiscal debido a pagos improcedentes y la omisión de multas que debieron aplicarse a la empresa constructora por diversos incumplimientos en los plazos y estándares.

La denuncia de Max Salas: "7 millones por metro cuadrado"

A los hallazgos de Contraloría se sumó la dura crítica del consejero regional Max Salas, quien alertó sobre lo que considera un problema sistémico en la inversión pública de salud en la región. Según Salas, los costos de licitación están fuera de toda norma de mercado.

• Sobreprecios: El consejero denunció que el Estado está pagando cerca de $7.000.000 por metro cuadrado, una cifra que supera con creces los estándares de construcción de alta gama.

• Calidad de Materiales: Se han reportado cuestionamientos por el uso de materiales ligeros en la obra. Según las denuncias, se habría priorizado la rapidez de la construcción por sobre la durabilidad, con el fin de cumplir con "plazos políticos" de inauguración.

• Estándares: La brecha entre el alto costo fiscal y la realidad técnica del edificio ha generado dudas sobre la eficiencia en el uso de los fondos públicos regionales.

La defensa del Servicio de Salud

Frente a la controversia, la directora del SSM, Verónica Yáñez, salió al paso de las críticas asegurando que la institución está trabajando para subsanar los errores.

“Las observaciones fueron oportunamente corregidas y ya hemos solicitado una reconsideración a la Contraloría”, afirmó Yáñez, intentando dar tranquilidad sobre la continuidad del proyecto.

El pasado 18 de diciembre se emitió el acta oficial de observaciones técnicas. A partir de esa fecha, la empresa constructora dispone de un plazo de 35 días para resolver todas las fallas detectadas antes de que se proceda a la recepción definitiva del edificio.

Un futuro incierto para los usuarios

Mientras persiste la disputa administrativa entre el SSM, los consejeros regionales y la Contraloría, los vecinos del sector sur de Punta Arenas observan con preocupación cómo la entrega de su nuevo consultorio se ve empañada por dudas sobre su calidad y transparencia financiera. La fiscalización de las próximas semanas será clave para determinar si el recinto cumple con las condiciones de seguridad necesarias para atender a la población.