Una fuerte polémica política estalló en la Región de Magallanes tras conocerse los resultados de una auditoría de la Contraloría General de la República al proyecto de Normalización del Cesfam 18 de Septiembre. El diputado electo, Alejandro Riquelme, calificó como una "puesta en escena" la ceremonia oficial liderada por el Ejecutivo, acusando un uso propagandístico de una obra inconclusa.
Según Riquelme, el informe es "claro y categórico" al constatar irregularidades financieras y administrativas en un proyecto cuya inversión pública supera los $16 mil millones.
El documento de la entidad fiscalizadora detalla graves faltas al principio de probidad y al resguardo del patrimonio fiscal:
Pagos Improcedentes: Se detectaron desembolsos por más de $107 millones por modificaciones de contrato que, legalmente, debieron estar contempladas desde el diseño original. Contraloría ordenó el reintegro inmediato de estos fondos.
Multas "Perdonadas": El informe revela que el Servicio de Salud Magallanes no aplicó multas por al menos 330 UF, a pesar de existir retrasos registrados en el Libro de Obras. Riquelme sospecha que el perjuicio total por multas no cobradas y rebajas de ítems podría escalar a los $1.500 millones.
Obra Inconclusa: A pesar de la celebración oficial del 27 de noviembre, el informe técnico arroja que los trabajos no estaban efectivamente terminados al momento del acto presidencial.
El diputado electo apuntó directamente a la responsabilidad del Presidente Gabriel Boric y del gobernador Jorge Flies, comparando la situación con incidentes históricos de inauguraciones fallidas.
“El Presidente Boric y el Gobernador Flies instalaron deliberadamente un relato que no se ajusta a la verdad: el Cesfam de la 18 no está terminado, engañando a toda la Región de Magallanes respecto del real estado de una obra inconclusa”, fustigó Riquelme.
El parlamentario hizo un paralelo con el recordado episodio del "hospital con enfermos falsos" durante la administración de Michelle Bachelet, señalando que en este caso se privilegió la propaganda por sobre la honestidad técnica.
Ante la gravedad de los hechos, el informe de Contraloría instruye:
Procedimientos Disciplinarios: Iniciar sumarios administrativos en el Servicio de Salud Magallanes para determinar qué funcionarios permitieron estas irregularidades.
Acreditación de Reintegro: El Servicio de Salud tiene un plazo perentorio para demostrar que los $107 millones regresaron a las arcas fiscales.
Investigación de Riquelme: El diputado electo anunció que investigará si existió una "acción concertada" entre los profesionales a cargo y la empresa constructora para beneficiar a esta última con el no cobro de sanciones.