En medio de la transición hacia la administración del presidente electo José Antonio Kast, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las duras críticas por la Ley de Reajuste del Sector Público 2025-2026. La controversia se centra en una cláusula que dificultaría la desvinculación de funcionarios estatales, lo que ha sido calificado por la oposición como un "amarre" de último minuto.

Vallejo fue enfática en señalar que la iniciativa no impide los despidos, sino que los regula bajo estándares de "trabajo decente". Según la ministra, el objetivo es alinear la legislación con dictámenes de la Contraloría y fallos judiciales que ya exigen que la no renovación de contratos sea un acto administrativo debidamente fundado.

Acto Administrativo Fundado: La no renovación de personal a contrata ya no podrá ser arbitraria. Deberá justificarse con hechos y fundamentos jurídicos específicos, basados en criterios objetivos y acreditables.

"Evitar despidos arbitrarios" vs. "Operadores políticos"

El debate ha escalado rápidamente debido al contexto político:

1. Postura del Gobierno: Vallejo sostiene que se busca proteger a los funcionarios de carrera y evitar que los cambios de gabinete deriven en despidos masivos por razones políticas. "No tiene que ver con asesores o personas de confianza, sino con garantías laborales", aclaró.

2. Postura de la Oposición: Parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano denuncian que se intenta proteger a miles de funcionarios que ingresaron durante la actual administración. Acusan que esta medida resta flexibilidad al presidente electo Kast para reducir el gasto público y reestructurar el Estado.

3. Dato de Reajuste: El acuerdo contempla un alza salarial escalonada del 3,4% ($2,0\%$ en diciembre de 2025 y $1,4\%$ en junio de 2026), lo que también ha sido criticado por comprometer el presupuesto de la próxima gestión.

Escenario para 2026

La discusión legislativa de este reajuste se da en un momento de alta fricción, mientras el equipo de Kast ya ha manifestado su intención de revisar la dotación de personal en ministerios y servicios públicos para optimizar los recursos fiscales. La ANEF, por su parte, ha defendido la norma señalando que "termina con la discrecionalidad abusiva".