Un nuevo flanco de conflicto se abrió entre la Municipalidad de Punta Arenas y el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes. El foco de la disputa es la decisión del gobernador Jorge Flies de modificar el tratamiento de los proyectos del Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), eliminando su marco especial para equipararlos a la regla general del FNDR.
El alcalde Claudio Radonich reaccionó con dureza ante las afirmaciones de Flies, quien sostuvo en el Consejo Regional que la medida contaba con el consenso de los jefes comunales. "Eso es falso. Ni la Municipalidad de Punta Arenas ni ningún alcalde de la región fue consultado, y tampoco el presidente de la Amumag", sentenció Radonich.
Para el jefe comunal de la capital regional, el sistema FRIL era vital porque entregaba montos predeterminados y plazos acotados que permitían una planificación real. Al pasar a la regla general, Radonich denuncia que los proyectos quedan sujetos a la "voluntad exclusiva" del gobernador.
Como ejemplo del impacto negativo, el alcalde mencionó:
Cuarteles de Bomberos: Tres compañías de Punta Arenas que esperaban mejoras bajo el marco FRIL ahora entran en un escenario de incertidumbre administrativa.
Polideportivo Municipal: Ingresado en junio al GORE, el proyecto por casi $15 mil millones aún no es enviado al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación técnica.
Proyectos "en el aire": Radonich detalló que, entre 2021 y 2024, siete proyectos con Recomendación Satisfactoria (RS) por $6 mil millones nunca fueron presentados a financiamiento por parte del GORE.
Radonich comparó esta situación con episodios anteriores, como el Cecosf de Río Seco o el Plan de Zonas Extremas, donde a su juicio también se simuló una coordinación con los municipios que no existió.
“Santiago no es Chile, y tampoco queremos que la gobernación se transforme en un espacio donde los proyectos se bajen o no dependiendo de criterios que no son transparentes”, enfatizó la autoridad local.
El alcalde exigió una reunión con Flies para clarificar los criterios de priorización frente a la comunidad, subrayando que la falta de transparencia afecta directamente la construcción de áreas verdes e infraestructura comunitaria que los vecinos esperan.