Un escenario financiero desolador enfrenta la Municipalidad de Puerto Natales tras un reciente revés judicial. El Juzgado de Letras del Trabajo validó una polémica cláusula contractual denominada “a todo evento”, suscrita en 2021, la cual permite a ciertos funcionarios recibir indemnizaciones por años de servicio muy superiores a lo que establece el tope legal del Código del Trabajo.

La resolución determina que el municipio —y no el Estado ni el Servicio Local de Educación Pública (SLEP)— debe desembolsar cerca de $1.000 millones para saldar la deuda con 17 exfuncionarios, cifra que creció desde los $927 millones originales debido a reajustes e intereses acumulados.

El peso de la "herencia" contractual

La alcaldesa Ana Mayorga fue enfática en señalar que esta crisis es producto de decisiones tomadas antes de su llegada al sillón edilicio. Al asumir, la actual administración se encontró con una estructura de costos que ya estaba mermando las arcas municipales mediante descuentos de la Dipres, los cuales ascienden a $1.200 millones anuales.

"Hoy día el Juzgado del Trabajo reconoce este derecho (la cláusula) y eso nos deja muy complicados. Estamos hablando de un monto que bordea los mil millones de pesos, lo cual impacta directamente en nuestra capacidad de gestión", afirmó la jefa comunal.

Acciones legales: El rol del Consejo de Defensa del Estado

Ante la magnitud del daño patrimonial, el equipo jurídico de la municipalidad no se ha quedado de brazos cruzados:

• Recurso de Nulidad: El municipio agotará los plazos legales para intentar anular el fallo ante tribunales superiores, buscando revertir la obligación del pago.

• Denuncia ante el CDE: Se han entregado todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE). El objetivo es que el organismo investigue presuntas irregularidades administrativas en la creación de estos contratos y determine si hubo una intención de perjudicar el patrimonio público de Puerto Natales.

• Querellas vigentes: Existen acciones penales en curso que buscan establecer responsabilidades personales sobre quienes autorizaron estas cláusulas "a todo evento" en 2021.

El riesgo para la comunidad

La principal preocupación de las autoridades locales radica en que estos mil millones de pesos deben salir de fondos que originalmente estaban destinados a prestaciones sociales, mantención de consultorios y establecimientos educacionales. El desafío ahora será cumplir con el mandato judicial sin desatender los servicios básicos que requiere la comunidad más vulnerable de la provincia de Última Esperanza.

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