El tablero político en Venezuela ha comenzado a moverse con rapidez tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. Este jueves, el jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de un "número importante" de detenidos por razones políticas, incluyendo ciudadanos extranjeros, en lo que representa el primer gran hito del gobierno interino de Delcy Rodríguez.
Mientras esto ocurría en Caracas, en Washington, el presidente Donald Trump recibió un inusual "tirón de orejas" legislativo. El Senado aprobó una resolución para bloquear futuras operaciones militares en Venezuela sin autorización previa, evidenciando una fractura en la bancada republicana tras el hermetismo con el que se manejó la captura del líder chavista.
Jorge Rodríguez calificó la medida como un acto para la "convivencia pacífica", aunque evitó dar la cifra exacta de beneficiados. Según la ONG Foro Penal, hasta antes de este anuncio existían 806 presos políticos en el país (175 de ellos militares).
Mediación internacional: El chavismo agradeció explícitamente la gestión de Lula da Silva (Brasil), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y el gobierno de Catar.
Estatus de Maduro: Mientras las liberaciones ocurren en Caracas, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, permanecen en Nueva York enfrentando cargos por narcotráfico y otros delitos federales.
En una votación de 52 a 47, la bancada demócrata logró atraer a cinco senadores republicanos (incluyendo a Rand Paul) para aprobar una resolución que limita el poder de Trump para ordenar nuevas incursiones en Venezuela.
Claves de la resolución:
Reprimenda Política: Los legisladores reclaman que el Congreso no fue informado previamente de la operación del 3 de enero.
Obstáculo Legislativo: Aunque la medida es simbólica (requiere aprobación de la Cámara Baja y Trump seguramente la vetaría), envía un mensaje de desconfianza hacia la política de "mano dura" unilateral del mandatario.
Seguridad Hemisférica: El debate se centra en hasta qué punto el Ejecutivo puede actuar militarmente en el vecindario sin el consentimiento del Parlamento.