Tras un intenso debate parlamentario, el Consejo Regional (CORE) de Magallanes ratificó este lunes el financiamiento para la compra del sistema de identificación biométrica ABIS (Automated Biometric Identification System) para la PDI. Con una inversión total de $4.910 millones, la región se convierte en la primera del país en implementar esta tecnología móvil para el control de identidad en sus cuatro provincias.

Sin embargo, el triunfo del proyecto —impulsado fuertemente por el senador Karim Bianchi y las policías— dejó un sabor agridulce debido al alto costo de oportunidad que representa para el presupuesto regional.

El sistema ABIS en cifras

La nueva herramienta busca "blindar" la región contra el ingreso de criminales y personas con antecedentes vigentes, operando en pasos terrestres, aeropuertos y puertos:

• Rapidez: Capacidad de identificar a un sujeto en menos de 1,5 minutos.

• Alcance: Despliegue en las 4 provincias de la región.

• Gasto operativo: Además de la compra, el software requerirá una mantención anual de $730 millones.

Votación dividida: Seguridad vs. Necesidades Básicas

La aprobación no fue unánime. El bloque disidente del CORE cuestionó que una inversión tan millonaria recaiga exclusivamente en las arcas regionales y no en el nivel central, alertando sobre el abandono de otras prioridades sociales.

Robert Weissohn (Consejero): "Destinar 5.000 millones a este proyecto implica no disponer de estos recursos para resolver problemas mucho más urgentes y que hoy día nos avergüenzan, como sistemas de alcantarillado que no tenemos".

Por su parte, la consejera Roxana Gallardo puso en duda la gestión financiera del proyecto, sugiriendo que una coordinación nacional habría sido más eficiente: "Si esperamos 2 meses y se trabaja a nivel nacional, podría ahorrarnos 5.000 millones".

Impacto y dudas operativas

Si bien el sistema promete mayor seguridad, también genera incertidumbre en el sector turístico y logístico. Los críticos advierten que el control obligatorio en puertos y pasos terrestres podría generar retrasos en el flujo de pasajeros, afectando la experiencia de miles de turistas en plena temporada alta.

Con esta aprobación, el Gobierno Regional de Magallanes asume el liderazgo en tecnología de vigilancia, pero a costa de abrir un flanco de críticas por la priorización de su millonaria cartera de proyectos.