Una denuncia de alta gravedad estremece a la comunidad católica de Punta Arenas. Un monitor de los Centros de Vacaciones Solidarios (CEVAS) de la Parroquia San Miguel es el foco de una investigación por delitos sexuales, tras ser acusado de abusar de una menor de edad valiéndose de su rol de liderazgo y confianza dentro del grupo pastoral.

Según el relato de la madre, los hechos habrían comenzado en mayo de 2025. Tras una actividad parroquial, el sujeto habría trasladado a la adolescente al Parque María Behety, donde se habrían perpetrado los actos de significación sexual.

Acoso, manipulación y nuevas revelaciones

El caso ha tomado un cariz más oscuro con el paso de los meses. La madre de la víctima reveló que la menor confesó recientemente detalles que no se atrevió a contar inicialmente por temor.

• Actos de relevancia sexual: La adolescente relató haber sido forzada a prácticas sexuales en el sector sur de la ciudad, antecedentes que ya obran en la carpeta de la Fiscalía.

• Presión psicológica: Tras la denuncia inicial, el sujeto habría continuado acosando a la menor vía redes sociales, enviando mensajes para manipularla emocionalmente y responsabilizarla por los problemas legales que él enfrenta.

• Posibles múltiples víctimas: Según la familia, existen indicios de que al menos otras dos menores habrían reportado conductas inapropiadas del mismo monitor.

Críticas al Obispado y la lentitud judicial

La familia de la víctima manifestó su disconformidad con la forma en que el entorno parroquial manejó el incidente en primera instancia. "La institución ha intentado desvincularse porque el abuso no fue físicamente dentro de la parroquia, pero él era un monitor con poder sobre los niños", señaló la progenitora.

Por su parte, el Obispado de Magallanes aseguró que:

1. Los antecedentes se enviaron a Fiscalía en mayo de 2025.

2. El involucrado fue apartado de toda función de forma inmediata.

Sin embargo, a enero de 2026, la familia denuncia que la Policía de Investigaciones (PDI) no ha mostrado avances significativos. "Desde mayo no tenemos respuestas concretas y nos aterra que haya más víctimas que guarden silencio por miedo", sentenció la madre.

Protocolos de seguridad en entornos religiosos

Este caso vuelve a poner en el centro del debate la rigurosidad de los filtros para quienes trabajan con menores en organizaciones sociales y religiosas. La falta de celeridad en la investigación es vista por la familia como un riesgo latente para la comunidad, exigiendo que se tomen medidas de protección efectivas mientras el proceso judicial sigue su curso.