Una grave denuncia por acoso laboral, acoso sexual y vulneración de derechos, presentada por una exfuncionaria, mantiene en el centro de la polémica a la Seremi de Gobierno de Magallanes. Mientras el titular de la cartera, Andro Mimica, afirmó públicamente no haber sido notificado de ningún proceso administrativo en curso, antecedentes vinculados a la Contraloría y a la aplicación de la Ley Karin apuntan a un escenario distinto.

En declaraciones recientes, el seremi señaló: “No tenemos antecedentes porque hasta el día de hoy a las 11 de la mañana no se nos ha notificado por ninguna denuncia a la Seremía”, agregando que la institución trabaja permanentemente en mejorar el clima laboral interno.

Sin embargo, la denunciante sostiene que las autoridades estaban en conocimiento de las situaciones de abuso. En un audio difundido públicamente, la afectada relató: “Yo siempre les avisé por correo todas las situaciones de vulneración a mi jefe… Siempre me ignoraron… De hecho, se reían de mí. Al seremi Andro, al jefe de gabinete también le dije”.

Según su testimonio, respaldado por una denuncia ante la Contraloría, durante 2025 habría sido víctima de diversos episodios de violencia laboral. Entre ellos, acusa que una jefatura directa le lanzó un teléfono celular a los pies en un episodio de ira, provocándole dolor físico y una crisis de pánico. Además, denuncia un hecho de acoso sexual, señalando que un funcionario ingresó a su oficina y la tomó del cuello por la espalda sin su consentimiento.

Asimismo, sostiene que durante una licencia médica su computador institucional fue revisado sin autorización, incluyendo archivos y conversaciones privadas, vulnerando su derecho a la privacidad. A ello se suma una denuncia por discriminación, ya que —pese a contar con credencial de discapacidad— no se habrían implementado los ajustes razonables exigidos por ley, manteniéndose una sobrecarga laboral que afectó su salud.

La exfuncionaria fue desvinculada en noviembre de 2025, mediante una notificación enviada a su familia mientras se encontraba con licencia médica, hecho que califica como una represalia prohibida por la Ley Karin.

Actualmente, la denunciante expresa una profunda sensación de indefensión, señalando que ni el Gobierno Regional ni los organismos fiscalizadores han entregado una respuesta efectiva. “Este relato se entrega porque el silencio también es violencia, y porque permitir que esto quede impune es permitir que vuelva a ocurrir”, afirmó.