Una nueva denuncia por vulneración de derechos laborales sacude a una repartición pública en Punta Arenas. Esta vez, los cuestionamientos apuntan directamente a la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Gobierno de Magallanes, donde una excolaboradora acusa haber vivido un calvario de acoso laboral que se extendió por gran parte del año pasado.

Según los antecedentes que han trascendido, la afectada comenzó a reportar situaciones de sobrecarga laboral extrema, hostigamiento y maltrato verbal en abril de 2025. Sin embargo, lejos de encontrar una solución o resguardo institucional, la situación culminó en noviembre con la no renovación de su contrata, dejándola fuera de la institución tras meses de denuncias.

Contradicción con la "Ley Karin"

La gravedad del caso radica no solo en el testimonio de la denunciante, sino en la contradicción ideológica que representa para el actual Gobierno. La administración del Presidente Gabriel Boric ha tenido como uno de sus ejes principales el trabajo decente, logrando la promulgación de la Ley Karin (Ley 21.643), que obliga a las instituciones —incluyendo al Estado— a mantener protocolos estrictos contra el acoso.

• Los hechos denunciados: La exfuncionaria entregó pruebas que darían cuenta de amenazas constantes y un ambiente laboral hostil que afectó su salud mental.

• Respuesta institucional: Pese a que el caso llegó a instancias de la Contraloría General de la República, hasta la fecha no se han determinado responsabilidades administrativas ni se han aplicado las sanciones que estipula la nueva normativa.

Silencio administrativo y desprotección

Desde el entorno de la exfuncionaria critican que, a pesar de la bandera de "gobierno feminista y pro-trabajador", los mecanismos internos de la Segegob Magallanes habrían fallado en proteger a la víctima. La falta de una respuesta oportuna ha generado inquietud entre otros funcionarios públicos, quienes ven con preocupación cómo las prácticas de maltrato se mantienen impunes en el aparato estatal.