La Región de Magallanes enfrenta una de sus crisis de protección a la infancia más severas de las últimas décadas.

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la plataforma “Actuar es Urgente” presentó un boletín que ha estremecido a la opinión pública: las denuncias por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA) en la zona han experimentado un crecimiento del 73% en tres años.

En entrevista con Pingüino Multimedia,el gerente de desarrollo de la Fundación San Carlos de Maipo, Rafael Rodríguez, reveló detalles escalofriantes sobre la vulnerabilidad de las víctimas y la inacción institucional.

Magallanes aparece hoy como una de las regiones con mayores índices de explotación sexual infantil en Chile, proporcionalmente a su población.

Los datos de la Fiscalía son decidores.

En 2024, Magallanes se ha consolidado como una de las regiones con mayor cantidad de denuncias por explotación en relación con su número de habitantes, situándose en una categoría crítica junto a Valparaíso, Antofagasta y la Región Metropolitana.

¿Qué factores explican que este flagelo golpee con tanta fuerza a la región?

Aunque es difícil tener un diagnóstico único, hay hipótesis claras. Primero, las ciudades puerto suelen presentar una mayor incidencia de estos casos.

Pero hay un factor más preocupante: la presencia de residencias de protección. Existe una correlación directa entre la ubicación de estos centros y el aumento de casos de explotación, especialmente en niñas de entre 12 y 17 años.

Existe a veces confusión terminológica. ¿Cuál es la diferencia real entre abuso y explotación sexual?

El abuso generalmente implica un acto sexual cometido por un adulto hacia un menor.

La explotación, en cambio, implica un intercambio, pero no siempre es económico. No tiene por qué haber dinero de por medio; puede haber intercambio por drogas, ropa, protección o incluso “afecto”, un afecto profundamente malentendido y manipulado por el adulto.

El explotador utiliza su relación de poder para convencer y victimizar al niño o niña.

Una cifra que estremece es que el 89% de las víctimas son niñas y mujeres jóvenes. ¿Por qué esta brecha de género tan marcada?

Es una tendencia que se repite tanto en abuso como en explotación.

La gran mayoría de los victimarios son hombres que tienen una preferencia delictiva marcada hacia las niñas. Es un patrón cultural y criminal que el sistema debe abordar con urgencia.

Usted ha mencionado una situación gravísima: que las redes de explotación están captando a menores dentro de las propias residencias que el Estado financia para protegerlos.

Así es, y es infinitamente grave. Estamos hablando de niños y niñas que un juez de familia retiró de sus hogares porque sus padres no podían protegerlos.

El Estado asume su tutela y los interna en una residencia, pero allí, al estar más vulnerables, solos y con menos cuidado personalizado, se convierten en el blanco perfecto.

Los explotadores saben dónde encontrarlos. Hay casos donde el 100% de las niñas en una residencia han sido víctimas de explotación.

Es inaceptable que el Estado, en lugar de brindar seguridad, termine entregándolos -aunque sea por negligencia- a estas redes.

Ante este panorama, ¿cuál es la solución? ¿Qué está fallando en las políticas públicas actuales?

El modelo de residencias masivas ha fracasado en este aspecto. En otros países, y según lo que nosotros promovemos, la clave es el cuidado familiar.

Debemos agotar esfuerzos para que el menor vuelva a su familia de origen si es seguro, o derivarlo a familias de acogida.

Necesitamos Familias de Acogida Terapéuticas Profesionales: personas altamente capacitadas y bien remuneradas que se hagan cargo de un solo niño o niña.

Esto hace que sea muchísimo más difícil para un explotador capturar a una víctima. El Servicio Nacional de Protección Especializada conoce esta alternativa, pero no ha realizado los cambios reglamentarios ni presupuestarios necesarios para implementarla masivamente.

Cada día que pasa sin estos cambios, perdemos a más niños.