La tranquilidad de la estepa fueguina se vio sacudida por una de las investigaciones por abigeato más complejas de los últimos años. Lo que comenzó como denuncias aisladas de estancieros en 2023, derivó en una causa criminal que hoy tiene formalizados a una empresaria ganadera y a uno de sus trabajadores por su presunta participación en el robo sistemático de animales.

La Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) ha logrado reconstruir un modus operandi que excede con creces el traspaso accidental de animales entre predios, una situación que suele ocurrir en la zona pero que, en este caso, se transformó en una herramienta de lucro ilícito.

El modus operandi: Más que un simple "traspaso"

Según los antecedentes expuestos ante el Juzgado de Garantía de Porvenir, los imputados no actuaron al azar. La investigación de la PDI y el SAG detectó un patrón de conducta coordinado:

• Manipulación de cercos: Se detectaron cortes intencionales en las alambradas para permitir el paso de ganado ovino y bovino.

• Alteración de marcas: Se identificaron animales con señales y contramarcas adulteradas para ocultar su origen real.

• Tecnología y coordinación: El análisis de mensajes telefónicos fue clave. Los textos revelan coordinaciones para el arreo dirigido, conteos de animales ajenos y, lo más grave, gestiones para la compra y venta de carne proveniente de faenamientos clandestinos.

• Uso de perros: Se acreditó el uso de canes para presionar al ganado de predios colindantes hacia la propiedad de la imputada.

Impacto económico: El caso "Teraike"

La Sociedad Agrícola Teraike S.A., representada por el abogado Gonzalo Aranda Harambour, se querelló en la causa aportando datos técnicos precisos. Solo para esta empresa, el daño patrimonial se estima en más de $80 millones.

"Los registros de esquila, inspecciones de cercos y conteos sanitarios permiten dimensionar un daño que no es fortuito. Aquí hubo una lógica de ejecución organizada", sostiene la querella.

Medidas Cautelares y Reacción Gremial

Tras la formalización, el tribunal decretó:

1. Arresto domiciliario nocturno para la empresaria ganadera.

2. Medidas cautelares menores para el trabajador involucrado.

3. 120 días de plazo para el cierre de la investigación.

Desde la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), el rechazo fue tajante. El gremio anunció que se sumará a las acciones legales, advirtiendo que este tipo de delitos no solo golpea la economía regional, sino que pone en riesgo la seguridad sanitaria de la población al introducir carne de faenamiento ilegal en el mercado.