La política peruana vuelve a estar bajo la lupa judicial. El fiscal general confirmó que el Presidente interino, José Jerí, es objeto de diligencias preliminares tras la difusión de imágenes que lo muestran en citas no oficiales con el empresario chino Zhihua Yang, quien mantiene negocios vigentes con el Estado peruano.
Los encuentros, que no fueron registrados en la agenda oficial, han despertado una ola de suspicacias en un país marcado por la corrupción de sus últimos gobernantes. El primer encuentro ocurrió el 26 de diciembre en un restaurante, mientras que el segundo fue captado por cámaras de seguridad el 6 de enero en una tienda de comestibles propiedad de Yang.
Tras la presión mediática y el inicio de la acción fiscal, José Jerí utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas, aunque centró su arrepentimiento en la forma y no en el fondo de las reuniones:
El disfraz: Jerí lamentó haber ingresado a los recintos con la cabeza cubierta por una sudadera (encapuchado). "Pido disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice... ello dio pie a generar dudas sobre mi comportamiento", señaló.
Colaboración: El gobernante aseguró que se someterá a las investigaciones, las cuales tienen carácter reservado por orden del Ministerio Público.
Pese a la gravedad de la investigación, el futuro inmediato de Jerí en el Palacio de Gobierno parece asegurado debido al blindaje legal y el calendario electoral:
Inmunidad Presidencial: Según el Tribunal Constitucional, Jerí solo puede ser investigado de forma preliminar. El proceso penal propiamente tal solo podrá avanzar después del 29 de julio, cuando entregue el mando.
Sin destitución a la vista: El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, descartó un nuevo juicio político. "Si alguien encuentra algo ilícito, que lo procesen a partir del 29 de julio", afirmó, priorizando la estabilidad ante las elecciones generales de abril.
Cita en el Congreso: La comisión de Fiscalización del Parlamento ya citó al mandatario para el próximo 3 de febrero.
José Jerí asumió el poder el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte. Su mandato interino tiene como misión principal conducir al Perú hacia nuevos comicios en medio de una crisis de seguridad pública sin precedentes, marcada por extorsiones y sicariato. Este nuevo escándalo de presunta corrupción debilita aún más la confianza ciudadana en las instituciones de transición.