La incertidumbre se instaló en los pasillos de las cárceles del país. Los funcionarios de Gendarmería temen que el cambio administrativo —que hoy se discute en el Congreso— se convierta en una "decisión política" que afecte su estabilidad económica y jubilación. Por ello, el gremio ha solicitado una intervención directa del Ejecutivo y un compromiso firme del Senado para frenar cualquier retroceso en sus beneficios históricos.

Las exigencias de Gendarmería al Gobierno y al Senado

El Frente de Trabajadores ha sido explícito en sus demandas para deponer la movilización:

1. Indicación Presidencial: Exigen que el Presidente de la República incorpore una cláusula vinculante que asegure que ningún funcionario verá disminuidos sus sueldos ni sus condiciones de retiro.

2. Llamado al Senado: Solicitan a los senadores rechazar el proyecto si este no garantiza de manera expresa la protección de los derechos adquiridos.

3. No a la "Precarización": Argumentan que el personal ya trabaja en condiciones extremas (sobrepoblación y violencia) y que la reforma se está construyendo "a costa del sacrificio de los funcionarios".

"Defender nuestros derechos no es un privilegio: es una obligación del Estado con quienes cumplen una función esencial para la seguridad del país", señala el comunicado del Frente de Trabajadores.

Rechazo al "Manto de Duda" por corrupción

Uno de los puntos que más ha molestado a la base trabajadora es el uso de casos aislados de corrupción para justificar cambios estructurales que, a su juicio, debilitan la institución. El gremio fue tajante: exigen que se investigue y sancione a los responsables con rigor, pero rechazan que se utilice como argumento para vulnerar la estabilidad laboral de los miles de gendarmes que cumplen funciones con probidad.

Radiografía de la Crisis Penitenciaria

¿Qué pasará en Magallanes?

Aunque la movilización se define como "pacífica y organizada", el estado de alerta implica que los funcionarios en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir mantendrán asambleas permanentes y posibles retrasos en actividades administrativas, aunque sin descuidar la seguridad de los recintos para garantizar el orden interno.