La justicia chilena vivió este lunes una jornada histórica con la formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos. Tras el inicio de la audiencia, en la que el tribunal rechazó declarar ilegal su detención, el Ministerio Público fue tajante al solicitar la medida cautelar de prisión preventiva por considerar a la exjueza como una figura central en una red de corrupción judicial.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien lidera la indagatoria, explicó que la libertad de Vivanco representa un "peligro para la seguridad de la sociedad" y para el éxito de las diligencias pendientes. La fiscalía detalló antecedentes de presuntas coimas que involucran montos de 70 y 45 millones de pesos, calificando la conducta de la exministra como "especialmente grave" dado su altísimo rol en el escalafón judicial del país.

"Vértice de la vulneración" Para los persecutores, Vivanco no es una pieza más en el tablero, sino el "vértice" de la trama denominada "Muñeca bielorrusa". "Es la persona respecto de quien resulta más reprochable su conducta", sentenció la fiscal Wittwer a la salida del tribunal, subrayando que existen evidencias suficientes para acreditar su participación en actos que vulneraron la probidad del máximo tribunal.

La defensa apuesta por la "desproporción"Por su parte, el abogado defensor Jorge Valladares tildó la detención y la solicitud de prisión preventiva como medidas "desproporcionadas e innecesarias". Según la defensa, Vivanco ha colaborado permanentemente con el proceso y ha estado disponible para cada requerimiento.

Valladares adelantó que objetarán las pruebas de la fiscalía, asegurando que los antecedentes aportados "no encadenan de manera lógica" y que, a su juicio, los hechos no constituyen delitos. Mientras se resuelve su situación procesal, la exministra quedó recluida en una zona segregada del Centro de Detención Femenina de San Joaquín.